Las nuevas normas para regular las VTC anulan la legislación comunitaria en España

El conjunto de normas y regulaciones que las diferentes administraciones públicas están aplicando para intentar solucionar el conflicto entre el sector del taxi y las empresas titulares de licencias VTC contradicen el fondo y la forma de la legislación comunitaria aplicable en España, no encajan en el conjunto de leyes que trasponen al ordenamiento jurídico español las diferentes directivas y normas de carácter comunitario y que son de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la UE. Un informe del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre el impacto de las nuevas normas Taxi/VTC señala el grave desfase que supone en las “soluciones de movilidad urbana”, situándose de espaldas al emprendimiento empresarial y a la innovación tecnológica, en un país donde los servicios y el turismo integran una buena parte de la actividad económica.

Algo así como si nada hubiese cambiado en medio siglo, perpetuándose los modelos turísticos de “sol y playa” o la gastronamía siguiese anclada exclusivamente en el cocido. Esto genera multiples riesgos, también que España quede fuera de la legislación comunitaria, con el conflicto que eso supone de enfrentamiento con las autoridades de Bruselas, de consecuencias imprevisibles; cuando la industria del automóvil apuesta ya por modelos de car sharing para la movilidad .

Los sistemas de movilidad urbana y las infraestructuras de transporte son la primera visión que reciben de un país los visitantes. Los acontecimientos y disturbios que se han vivido nos retrotraen a los inicios del siglo XIX con los Ludistas. Una regresión que perjudica a todos, incluido quienes promueven las acciones violentas.

El "Informe Taxi/VTC y el derecho europeo" del Instituto Coordenadas señala en concreto dos normas comunitarias esenciales para el funcionamiento de la UE que corren peligro de quedar sin efecto en España si se generalizan las nuevas normas para regular el taxi y las empresas VTC. Una es la Directiva de Servicios, que ha sido traspuesta a la normativa española mediante la Ley 17/2009 y la otra es la Directiva sobre Unidad de Mercado, traspuesta mediante la Ley 20/2013.

Según el informe, las restricciones que se están aplicando a las empresas con licencias VTC para prestar servicios de transporte urbano, algunas disparatadas, dejan sin efecto el sentido de la norma comunitaria sobre liberalización en la prestación de servicios, que precisamente intenta eliminar burocracia y trabas administrativas e impulsa la competencia para mejorar servicios y generar empleo. El Informe señala que legislar en contra de la normativa comunitaria pone a España en una situación grave de incumplimiento frente a Bruselas y debilita nuestra posición como socio fiable dentro de la comunidad, con el riesgo de afrontar sanciones nada desdeñables. La Ley 17/2009 abre opciones extraordinarias para el impulso y desarrollo de servicios de todo tipo y es un instrumento magnífico para generar beneficios a los ciudadanos, se apunta en el informe. Las barreras que se están poniendo a la regulación de taxi y las VTC dejan sin sentido toda esta legislación y abre multiples opciones para poner en marcha recursos legales de todo tipo y ámbito, lo que puede desembocar en un caos jurídico de enormes proporciones, generador finalmente de costes, indica el informe del Instituto.

Desde 1986 España y muchos sectores de actividad han tenido que asumir dolorosas transiciones a las regla de mercado, a la transparencia y a la competencia: las gasolineras, los monopolios, el sector eléctrico, la telefonía, la comunicación… pero ahora la decisión del gobierno de trasladar la regulación de los servicios de taxi y VTC a las Comunidades Autónomas desbarata buena parte del sentido de la normativa europea de unidad de mercado. La Ley 20/2013 queda casi sin sentido, señala el informe, al crear en la práctica diecisiete mercados diferentes para una misma actividad. Es imposible que las empresas puedan desarrollar su actividad en un entorno de mínima seguridad jurídica si tienen que someterse a diecisiete regulaciones diferentes.

Las posibilidades de conflicto con las autoridades de Bruselas por este motivo son claramente previsibles y España puede sufrir un fuerte impacto en su reputación si los tribunales europeos tumban todo este entramado normativo que se está poniendo en marcha para solucionar un conflicto concreto, resalta el "Informe Taxi/VTC y el derecho europeo" del Instituto. Es un conflicto vano, estéril y perjudicial para intentar proteger a un sector instalado en un régimen de concesiones y licencias municipales donde la transparencia es muy limitada, lo que retrasará su inevitable reconversión a la modernidad, algo que finalmente le resultará muy lesivo. No gana nadie. Hay soluciones y propuestas equilibradas y razonables, sin escatimar ayudas y mecanismos de compensación material y temporal. Lo que no existe es la capacidad de restringir el futuro en las economías abiertas. Se podrá retrasar, encarecer o dificultar, pero no seria realista pensar que se puede eliminar..

Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del instituto Coordenadas, asegura que “anular de facto el derecho comunitario en España mediante normas que impiden su aplicación práctica es una insensatez que no genera más que inseguridad jurídica y desconfianza institucional hacia nuestro país. El derecho comunitario es una vía de progreso para los ciudadanos que de ninguna manera merece la pena anular por las prisas por solucionar un conflicto que tiene conocidos y probados mecanismos de arreglo”.

En Herrera en Cope: Entrevista sobre las conclusiones del Informe Taxi/VTC y el derecho europeo del Instituto Coordenadas

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Institución de pensamiento e investigación sobre “las cuestiones de nuestro tiempo” impulsando la interacción entre gobernanza y economía aplicada para progresar en los tres pilares del mundo postmoderno: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; con funciones propias de los “amigos del País” y las Sociedades de Fomento en el XIX . Fiel a sus principios fundacionales de independencia y pluralidad, el Instituto lidera la fusión entre la esencia e innovación de la liberalización económica y social, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo en una sociedad globalizada e hiperconectada.

NOTA DE INTERÉS: La información de este comunicado de prensa es un resumen de interés público proveniente de trabajos de análisis e investigación de sus miembros y colaboradores del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada. Los papeles de trabajo son de uso interno y de titularidad exclusiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.