La banca de Andorra no levanta cabeza
Grupos de expertos, 29 de marzo de 2019
La banca de Andorra compuesta, en estos momentos, por Crèdit Andorrà, Andbank, Mora Banc, Banc Sabadell d’Andorra y Vall Banc, aporta cerca del 21% al producto interior bruto (PIB) y casi el 5% de los empleos del Principado, con un volumen de activos cercano a los 46.000 millones de euros, de los que más de la mitad se sitúan fuera del país. Cinco bancos para un país con apenas 75.000 habitantes siguen pareciendo muchos, aunque sus últimos beneficios conocidos muestran una evolución errática y a la baja, lo que está teniendo una clara incidencia en el status quo del sector bancario del país pirenaico.
En concreto, la banca andorrana consiguió en 2017 unos beneficios netos de 131 millones de euros, un 15,5 % menos que el año anterior, mientras que alcanzaba una cifra de recursos gestionados de 46.201 millones, un 1,5 %. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha creado un Grupo de Trabajo Especial Elecciones Andorra 2019 sobre la situación económica de Andorra ante el reto electoral. El segundo estudio analiza la compleja situación de la Banca de Andorra y las incertidumbres que amenazan su futuro.
Aunque las campañas de imagen del gobierno andorrano tratan de trasladar a la opinión púbica que la rentabilidad sobre el capital (ROE) de los bancos de Andorra (9,85%) se ubica por encima de la media europea, lo cierto es que de acuerdo con las estadísticas correspondientes al primer trimestre de 2018 el coste de capital de la banca andorrana se asienta en una horquilla situada entre el 9% y el 10%, según el consenso de los analistas, aunque algunos expertos consideran que este puede estar más cerca del 11%. No ocurre lo mismo con la ratio de solvencia que alcanza unos índices envidiables y muy superiores a los de la banca española.
Otra cosa es que la valoración de estos niveles de solvencia de máxima calidad (Common Equity Tier 1 o CET1) de los bancos andorranos sean los mismos que los que rigen en las entidades financieras de la UE, duda que no deja de despejarse en ciertos sectores financieros europeos por el hecho de ser un sistema bancario perteneciente a un país que, a pesar de utilizar el euro como moneda, no es miembro ni de la Unión Europea, ni de la Unión Monetaria Europea, lo que hace que sus bancos no participen de las instituciones bancarias de la Unión ni tengan acceso al Banco Central Europeo. Es el caso de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que a su vez forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que está compuesto por dos autoridades de supervisión más: la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). El sistema europeo también abarca a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), así como al Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión y las autoridades nacionales de supervisión. Que el sistema bancario andorrano termine acoplándose a la normativa comunitaria no deja de ser un futurible, señala el estudio del Instituto.
La lacra del paraíso fiscal
El Instituto Coordenadas indica que Andorra ha realizado un considerable esfuerzo a lo largo de la presente década por homologar su sistema financiero a los estándares europeos y quitarse de encima el cartel de paraíso fiscal que le ha acompañado en las últimas décadas y sobre el que ha construido buena parte de su estructura actual. Pero pese a las campañas de imagen sostenidas por el actual gobierno andorrano tratando de vender los éxitos de regulación y normativa llevados a cabo sobre el sector financiero en los últimos años y que han llevado a que Andorra abandone la lista negra de paraísos fiscales por decisión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), lo cierto es que ese periodo de tránsito ha estado plagado de puntos negros protagonizados por un único intérprete: el gobierno de Demòcrates per Andorra (DA), su presidente, Antoni Martí y su ministro de finanzas, Jordi Cinca. Esa es, al menos, la crítica que se desliza entre analistas y observadores de la propia Andorra y en el entorno comunitario, hasta el extremo de que en alguno de sus estamentos se llega a afirmar que el sector bancario y de seguros en Andorra se camina con paso firme y acelerando hacia el precipicio.
El proceso seguido por el sector bancario de Andorra fue, sin duda, obligado por distintas circunstancias y con un escenario determinante como fue la crisis que estalló en septiembre de 2008, a partir de la quiebra de Lehman Brothers y que dejó fuertes secuelas en las entidades bancarias, alguna de ellas todavía presente, en la medida que en los balances de los bancos andorranos existe aun un importante volumen de activos hipotecarios no saludables. De igual manera, no pueden quedar al margen las nuevas pautas impuestas en la Unión Europea en materia financiera y que han pivotado fundamentalmente sobre el necesario cambio de la normativa bancaria andorrana que ha comportado la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Y todo ello con un tsunami en el interior del país cual fue la intervención de una entidad como la BPA. Ninguna de las asignaturas ha merecido el aprobado y hoy, cercana la inauguración del tercer decenio del siglo XXI, el sector financiero del Principado se encuentra en una situación llena de incertidumbres e indecisiones que el gobierno actual no ha sabido o podido solucionar.
Banca de Andorra en apuros
Prueba del estado en que se encuentra el sector es la situación, por ejemplo, del primero de sus bancos: Crèdit Andorrà. Esta entidad, según el analisis del Instituto Coordenadas, se encuentra en una situación más que delicada, por mucho de que sus gestores hayan mantenido que su beneficio alcanzaría los 50 millones de euros cuando a fin del pasado año rozó los 25 millones y todo ello rodeado de dudas sobre su grado de maquillaje y sobre la existencia de un escaso control real debido a que aún están pendientes muchas acciones en materia de transparencia.
La cuestión es que Crédit Andorra trata de colocar en torno al 40% del capital, perteneciente a las familias Pintat, Casal y Reig, por discrepancias con el regulador andorrano, lo que ha levantado todo tipo de suspicacias y una pregunta de calado sobre si Andorra puede sobrevivir sin ser un paraíso fiscal. Y es a partir de ahí cuando parece abrirse un escenario de fusiones bancarias en el Principado en donde circulan los rumores sobre si estas fueran la única alternativa inevitable y urgente para asegurar la viabilidad de Crèdit Andorrà, Andbank y Mora Banc.
Así, el fin del secreto bancario en Andorra supuso un antes y un después para la banca del pequeño país pirenaico, siendo muchos los inversores internacionales que abandonaron sus depósitos en las entidades bancarias andorranas antes de que, en enero de 2017, entrase en vigor el intercambio automático de información con más de cincuenta países con los que se suscribieron convenios de transparencia, incluida España y todos los demás miembros de la Unión Europea.
El Instituto Coordenadas asegura en su análisis que todos estos problemas relacionados con el sector bancario y de seguros están afectando al futuro de Andorra y el gobierno del país no solamente no lo ha tratado con el acierto deseable sino que, por el contrario, todo lo que ha hecho solo ha servido para agravarlo. Como consecuencia de estos hitos, entre los que aparece por méritos propios el estallido del caso BPA en 2015 y las distorsiones provocadas por la nefasta gestión, política, administrativa y judicial del mismo, quedaba patente la incapacidad del gobierno de Andorra para reconducir los problemas generados en el sector y, dada la importancia estratégica de la banca en la economía andorrana, ello ha producido un progresivo empeoramiento del estado de salud del mismo que ha repercutido de forma directa en otros sectores económicos y en la evolución del estado del bienestar de los ciudadanos. Así se perciben consecuencias negativas derivadas de la falta de capacidad de financiación de la economía productiva, freno de la inversión en vivienda, cosa que a su vez se traduce en el encarecimiento de los alquileres, falta de creación de puestos de trabajo, cotizaciones insuficientes a la CASS, déficits en el sistema de pensiones, etc. Además, el claro sobredimensionamiento, se refleja entre otras cosas en una evolución de los costos de personal totalmente inasumible que provoca un continuado deterioro de las cuentas de resultados.
Lejos de Europa
Así las cosas, hoy el Instituto Coordenadas señala que lo que queda evidenciado es un manifiesto sobredimensionamiento del sector, compuesto por cuatro bancos tradicionales, más Vallbanc, como heredero de los activos de BPA, banco que después de haber sido gestionado temporalmente por la Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries d'Andorra (AREB), ha acabado pasando a manos privadas extranjeras (al fondo estadounidense JC Flowers). El estudio muestra las disfunciones e ineficacias por parte de las autoridades bancarias andorranas y del poder político del Principado en todo lo referente a estas cuestiones, que quedan patentes en asuntos como es el proceso de homogeneización derivado de los compromisos adquiridos a partir de la entrada en vigor, en abril del 2012, del Acuerdo Monetario Andorra-UE firmado en 2011 o en los compromisos adquiridos en materia de homogeneización de estándares de solvencia, de prevención de blanqueo de capitales, de regulación del fondo de garantía de depósitos, de ordenación y supervisión de seguros, de medios de pago y del dinero electrónico, etc, que exigen una adaptación completa de la legislación andorrana en materia financiera a los estándares que emanan de las Directivas europeas sobre estas cuestiones.
Recurriendo a la jerga popular, a lo mejor habría que convenir que todas las exigencias y necesidades son demasiadas para Andorra. No en vano estamos hablando de un país con bastante menos poblacion que Reus, sin un banco central que respalde a las entidades financieras del país como prestamista en última instancia y con un sistema bancario que, a pesar de utilizar el euro como moneda, no es miembro ni de la Unión Europea, ni de la Unión Monetaria Europea, lo que impide que sus bancos no tengan acceso al Banco Central Europeo.
Estamos, afirma el Instituto Coordenadas, ante todo un curso acelerado de incapacidad económica del gobierno andorrano de Antoni Martí para hacer frente a una crisis bancaria, vista la desproporción existente entre los compromisos que tiene adquiridos el conjunto de entidades bancarias andorranas y la capacidad económica total de Andorra. Y todo ello tiene su repercusión en el conjunto de empresas e instituciones financieras no bancarias —compañías de seguros, entidades financieras de gestión de organismos de inversión, entidades financieras de gestión de patrimonios y de crédito especializado— que operan en Andorra.
Que los tres principales bancos del país -Crèdit Andorrà, Andbank y Morabanc- sean de capital nacional implica que el acuerdo de asociación con la UE y la aplicación (parcial o completa) de los principios de libertad de establecimiento y de circulación de capitales pueda tener un impacto potencialmente elevado en el sector, y, por extensión, sobre el conjunto de la economía andorrana considerando su condición, hasta ahora, de sector estratégico. Aunque el futuro oscuro que planea sobre el sector no hace prever el desembarco de entidades extranjeras, no debe descartarse que Andorra puede ser vista como una plaza interesante por algún banco perteneciente a la zona euro y que, por tanto, tenga acceso directo a las facilidades del BCE.
La relación de las dificultades reseñadas que, por otra parte, no son, ni mucho menos, todas las que afectan al sector bancario del país, nos da idea de la magnitud de los retos a afrontar por dicho sector y, por tanto, la evidente necesidad de que las autoridades públicas actúen con la diligencia y el acierto exigibles para ayudar a superarlos.
En opinión de analistas financieros que recoge el Instituto Coordenadas, el gobierno andorrano no ha cumplido con esa misión, ya que a la vista de su actuación a lo largo de los últimos años no solo no ha ayudado a afrontar estos problemas, sino que más bien ha contribuido a agravarlos. Ciertamente, ante una papeleta tan complicada hubiera sido imprescindible un apoyo decidido y eficaz al sector en su conjunto por parte del gobierno. Y es importante ressaltar, añaden los analistas, la idea de que ese apoyo debía haberse dado al conjunto del sector, es decir, a todas las entidades que lo configuraban en un momento que el sector era potente. Porque la experiencia demuestra que cuando se trata de un sector sistémico como es éste, las políticas de favorecer a unos actores del sistema y a otros no, a medio y largo plazo, lo que provoca es perjudicial para el conjunto del sistema.
Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, indica que “si un gobierno es incapaz de prestar ayuda efectiva al conjunto de un sector tan transcendente para la economía como lo es el bancario para Andorra, lo mínimo que puede exigírsele es que no le perjudique. Lo ciertamente decepcionante es que la actuación de los poderes públicos andorranos en estos últimos años no solo no ha ayudado a la superación de retos tan exigentes como los ya señalados, sino que de su actuación se haya derivado un empeoramiento acelerado de la salud del sistema”.
SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA
Institución de pensamiento e investigación sobre “las cuestiones de nuestro tiempo” impulsando la interacción entre gobernanza y economía aplicada para progresar en los tres pilares del mundo postmoderno: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.
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