Los astilleros públicos no aguantan una comparativa
Artículos, 06 de julio de 2016
2015, año en el que los astilleros privados españoles han logrado adaptarse sobradamente a los cambios impuestos por el mercado, diversificando en mayor medida su cartera de pedidos (con incrementos relevantes en tipos menos habituales, como dragas y oceanográficos) y situando a España como el tercer país europeo con mayor número de unidades en cartera en 2015, según informe de PYMAR, organización que aglutina a los pequeños y medianos astilleros privados más importantes de España, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acaba de anunciar un incremento de sus pérdidas del 65,8% sobre el ejercicio anterior, hasta un total de 151 millones euros, como consecuencia de los números rojos de los astilleros públicos, Navantia, y de la compañía minera, Hunosa.
Analistas y observadores no dejan de señalar la contradicción y fiel reflejo de los males que aquejan al sector público español que supone el hecho de que, mientras los astilleros privados atraviesan un gran momento una vez superada la crisis del “tax lease”, los astilleros estatales no son capaces de recuperar unos niveles de competitividad que les permitan abandonar la senda de perdidas en la que andan sumidos y competir en los mercados internacionales. Un ejemplo relevante de lo señalado fue la incapacidad de los astilleros públicos españoles de hacerse cargo de la fabricación de las compuertas de la ampliación del canal Panamá y de cuya construcción se corrió a cargo de una empresa italiana cuya oferta superaba ampliamente a la presentada por la firma española.
En la actualidad, según el informe de PYMAR, los astilleros privados cuentan con una cartera conjunta de pedidos de 51 unidades, un 24% superior a la que contaban hace justamente un año, lo que supone 1.282 millones de euros en pedidos, generadores de siete millones y medio de horas de carga de trabajo.
En el caso de Hunosa, la minería del carbón en España se halla inmersa en un proceso de cierre definitivo del mineral subvencionado, obligado por la Comisión Europea por considerarlo competencia desleal, y cuya última fase finaliza en 2018.
Hace escasamente un mes, el Consejo de Ministros autorizaba una convocatoria de ayudas a la minería por valor de 25,3 millones de euros. Los principales objetivos que se persigue con este tipo de convocatorias son cubrir las pérdidas de las minas incluidas en el Plan de Cierre y contribuir al “cese ordenado” de las minas de carbón no competitivo.
Post-it
- Desde hace más de treinta años, en que se puso en marcha la reconversión del carbón, se han invertido 24.000 millones en planes sucesivos para reducir la capacidad de las cuencas mineras y buscar alternativas para la economía de las comarcas afectadas. La principal inversión se ha dirigido a reducir las plantillas de las empresas, que han pasado de 45.000 a sólo 4.000 mineros, un 90% menos. El 48% de las prejubilaciones se han hecho con menos de 44 años y con más de 2.100 euros mensuales, con el requisito de haber trabajado ocho años en la mina. El coste mediano en el último plan (2006-2012) fue de 433.000 euros por persona.
