Por Jesús Sánchez Lambás en El Confidencial

Y no me refiero al proyecto de sanción a España por incumplimiento de la normativa y, añadiría, los principios de la gestión del agua, desde la Unión Europea. Ya en sí mismo un problema que, como el cambio climático, nos hemos desgañitado en advertir sin gran éxito. España tendrá un serio problema en la Unión Europea con la gestión del agua.

Pero en realidad no me refería tanto a esto, que podría ser lo macro y también nos costará dinero a los contribuyentes, como a lo micro: la gestión del agua en los ayuntamientos que, en plena inspiración bolivariana, las formaciones políticas instaladas en el poder municipal en equilibrios inverosímiles afrontan al grito de “remunicipalizar la gestión del ciclo integral del agua”, un sambenito apolillado y conservador felizmente superado en las culturas occidentales, incluso en los países limítrofes con Bolivia.

Antes de que las facturas lleguen a nuestras casas (los adalides de la idea perversa dicen seriamente que su objetivo es coste cero de la tarifa, pero no explican que lo tendremos vía impuestos, violando el principio legal europeo de que quien consume paga y quien contamina paga), veremos el drama más importante de la sociedad de nuestro tiempo: los empleados de las concesionarias incrementando las listas nada menguadas del desempleo, y los ayuntamientos bloqueados por la imposibilidad legal de hacerlos a todos funcionarios o empleados públicos sin someterse a los principios de igualdad, mérito y capacidad (o quizá también deroguen estos valores y entonces el agua dejará de ser nuestro principal problema).

La segunda parte es la generalmente acreditada ineficiencia del sistema público, con algunas escasísimas excepciones (siempre se alude a París, desconociendo que en realidad la empresa pública se limita a subcontratar los servicios con las empresas del sector privado, que son las gestoras reales). Regresaremos a los años sesenta-setenta del siglo pasado, con cortes de suministro, pérdidas de calidad del agua potable y sobre todo pérdida de confianza en el agua que sale por nuestros grifos domiciliarios.

La tercera parte la veremos, como la pescadilla que se muerde la cola, en un deterioro medioambiental severo, con fugas de fluido que alcanzarán cotas intolerables y un deterioro de las infraestructuras, especialmente de depuración.

Y por último, los costes desbocados en una doble versión. La objetiva: el servicio será municipalmente más costoso. Y la subjetiva: la idea de financiar vía tributos la tarifa violenta el acervo comunitario europeo.

Un país que no ha hecho la transición de la integración de municipios desde el siglo XIX, con mas de 8.000 operativos, debe sentirse seriamente preocupado.

Nuestros sistemas municipales carecen de aparato burocrático, de gestión y de I D i en materia del ciclo del agua. No es una opinión, es un hecho. Tenemos un país donde el sector empresarial ha sido fecundo en esta materia. Es algo de lo que 'exportamos' con satisfacción y contribuye de manera relevante a esa llamada 'imagen de España'. Ahora, en esa cultura anticapitalista que anida e inspira el movimiento de remunicipalización, degradaremos esas empresas y pondremos en riesgo su supervivencia, y los puestos de trabajo y los impuestos con que contribuyen al interés general.

Y sobre el impacto en el llamado Derecho de la Competencia, los organismos como la CNMC tendrán algo que decir, desde Bruselas a Madrid, en un acontecimiento de semejante calado, que vulnera frontalmente los principios de libertad de empresa y sana competencia como bases y fundamento del mercado, y a la vez como protección de usuarios y consumidores y como entorno, el del mercado, donde solo florecen los sistemas democráticos.

Vale la pena reproducir 'el argumento': como las empresas privadas ganan dinero con la gestión del agua y el agua es un bien público, hagámoslo desde el ayuntamiento y así ese beneficio aprovecha a todos. No hay otra idea debajo de este planteamiento. Y decir que esto es una idea puede resultar exagerado. A partir de ahora, no voy ni al médico ni al abogado ni al arquitecto: me curo mis dolencias asistido de internet, me hago mis pleitos con un manual de formularios y construyo mi casa con unos dibujos que hace mi hija. Y así ahorramos en casa, que falta hace.

La filosofía subyacente es la misma. Una cultura autogestionaria. Y sin dejar de reconocer en todos esa tentación romántica de admiración al hombre del Renacimiento, me temo que la reflexión profunda nos llevara directos a la consulta a pedir el diagnóstico. A un profesional cualificado, que sigue estudiando y que tiene mucha experiencia, además de contar con el instrumental adecuado para el desempeño de su oficio.

El agua es pública. La política del agua está en manos de la Unión Europea, del Estado, de las CCAA y de los ayuntamientos: el poder es suyo, no hay que remunicipalizar lo que de ningún modo puede dejar de ser público. La respuesta a la cuestión de quién ha de gestionarla, si las empresas o el sector público, es algo superado. Hay tres modelos: gestión pública, minoritario y salvo excepciones deficitario e ineficiente modelo sin inversión en infraestructuras, concesión y empresa mixta. De estos dos últimos, hay experiencias adaptadas a cada caso; en un país con geografías y urbanismos bien diferenciados nadie recomendaría un solo modelo: o concesión o empresa mixta.

El error manifiesto en estas decisiones no se ve ni hoy ni mañana, salvo en la parte más atroz de las biografías de los trabajadores al paro del sector y empresas auxiliares. El daño dura 20 años.

Si no era fácil alcanzar los acuerdos de la Cumbre del Clima en París con casi 200 países, debería ser fácil entender una cuestión donde las opiniones independientes y mayoritarias están escritas.

La respuesta a tanta zozobra es sencilla: la política es cortoplacista. El hundimiento del bipartidismo tiene sus raíces en decisiones semejantes. Lo importante es mantener el cargo y no la racionalidad de la decisión o la protección del interés general. Efectivamente, el muy imperfecto modelo de democracia es el menos malo de los modelos de convivencia, y tenemos que conllevar la carga de las decisiones (les hemos votado). Qué remedio. Pero coste cero, no. Saldrá muy caro. Aún hay tiempo, escaso, para abrir la puerta a la modernidad, el talante progresista y hacernos realmente servidores públicos.

Anoche, durante la cena, veía con mis hijos el último capítulo de la serie televisiva escandinava 'El puente' ('Bron' en sueco), creada y escrita por Hans Rosenfeldt, donde una ecoterrorista grababa un mensaje al mundo explicando que el atentado con virus a la cumbre del medio ambiente en Dinamarca era una advertencia por la ineficiencia de la lucha contra la protección del medio ambiente, y la muerte de los ministros asistentes, un mecanismo de renovación de la clase política. La policía salva a los políticos en el último minuto y la malvada muere asesinada por sus colegas, por torpe. Para mí, más que ficción, metáfora, y entre unas cosas y otras, dormí mal.