Por su indudable actualidad, reproducimos la pieza publicada el 14 de noviembre del pasado año
Cuando no se ha cumplido todavía el año y medio desde que el Ministerio de Sanidad, del que depende la Agencia Española de Consumo, publicara en el BOE “la expulsión de la organización de Ausbanc Consumo, del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios” como consecuencia de una denuncia del BBVA en la que se acusaba a Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de realizar operaciones con entidades de carácter mercantil incumpliendo los requisitos de los artículos 29 y 30 de la Ley General de Defensa de los Consumidores, Luis Pineda, presidente de Ausbanc y controvertido personaje que no ha dejado indiferente a nadie desde que fundara en 1984 la asociación, ha sido nombrado miembro de la Comisión de Integridad del Sector Financiero, según se pone de manifiesto en una comunicación de prensa distribuida por Ausbanc.
En la citada nota de prensa, se recuerda que la citada Comisión está auspiciada por la rama española de Transparencia Internacional en España (TI) que tiene como finalidad, entre otras, proponer medidas que puedan evitar y prevenir conductas ilegales y prácticas corruptas en el sector financiero español.
En la citada comisión, Pineda compartirá proyectos y soluciones sobre esas posibles conductas ilegales y prácticas corruptas en el sector financiero español con directivos, académicos, sindicalistas, periodistas y policías, incluso con un representante del BBVA, según se pone de relieve en la nota de prensa.
Ausbanc fue expulsada por primera vez en 2005 del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por publicar un anuncio en una de sus publicaciones -Ausbanc Editorial dice contar con más de diez publicaciones en distintos sectores- que incumplía la legislación por incluir publicidad comercial y no meramente informativa.
La actual expulsión prohíbe a Ausbanc “el uso de los términos consumidor o usuario, denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios”, y le quita los beneficios de este tipo de asociaciones.