Los antecedentes le avalan. El autor de la histórica frase, "el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente", que salvo Europa de una crisis sin precedentes y tambaleante debido un crack financiero de alta intensidad que a punto estuvo de llevarse por delante al euro, a la Unión Europea y a la eurozona, ha vuelto a copar los titulares de los medios de comunicación europeos para lanzar un mensaje que alguien podría calificar de angustioso, al trasmitir a la comunidad del viejo continente que este debe temer seriamente por su supervivencia y que de no tomar medidas se enfrentaba a “una lenta agonía”.
Nadie como Mario Draghi -Supermario- para avalar con su firma un informe tan radical como demoledor que alerta sobre una economía europea en estado comatoso como consecuencia de su inacción, que la han convertido en una antigualla incapaz de competir con las economías china y norteamericana.
Lo que ha venido a decir Mario Draghi, en román paladino a los europeos y a quienes nos gobiernan, es un mensaje claro y contundente: pónganse las pilas y tómense el problema en serio porque Europa corre el serio peligro de convertirse en la “nada” como consecuencia de una clase política acomodaticia a mitad camino entre la indolencia y la corrupción de distinto grado, ignorando que las reglas han cambiado y mucho y que hay que amoldarse a ellas si de lo que se trata es de sobrevivir con un cierto grado de dignidad.
El italiano -presidente del Consejo de ministros de Italia, gobernador del Banco de Italia, presidente del Banco Central Europeo, director ejecutivo del Banco Mundial- no solo se limita a hacer un certero y ajustado diagnóstico sobre la economía de Europa (zona euro) que cualquiera puede leer accediendo a la web de la Comisión Europea, sino que se arremanga y se atreve a recetar la medicina que podría enderezar el lento caminar de la vieja Europa hacia la agonía, cuyo significado etimológico no es otro que la “angustia y congoja del moribundo”.
Para algunos analistas, el informe Draghi, encargado y pagado por la Comisión Europea, supone el acta de defunción de la globalización, es decir, del orden económico que ha regido el mundo en las últimas décadas y que se ha visto superado y vapuleado por economías más agiles y con menos corsés. Ahí es donde la economía europea debe aspirar a competir y para llegar a ese punto, Draghi no se corta un pelo, aunque otra cosa es dar por hecho que la clase política europea sea capaz de dar la talla y liderar el ambicioso proyecto del economista romano, algo que muchos observadores ponen en duda tras décadas de rebozarse en la mediocridad que genera el vuelo gallináceo de la política doméstica que solo es capaz de provocar vicios, incertidumbre, regulación, subvenciones y gasto, mucho gasto.
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- “Pedro, no me digas que no hay dinero para hacer política”.
- “No, presidente”. Le contestaba Solbes con voz firme.
España había llegado al borde de un precipicio y valga este recuerdo a quien fuera vicepresidente económico como homenaje a quien fue capaz de impedir que José Luis Rodríguez Zapatero continuara con su tendencia a gastar con desenfreno, lo que obligó a Europa a rescatar buena parte del sistema financiero español, aunque a punto estuvo de correr igual suerte de Grecia o Irlanda, pero “too big to fail”.
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La advertencia de Mario Draghi es grave y así lo dejo dicho en la presentación del informe en Bruselas ante Ursula Gertrud von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y responsable de haber encargado el informe a Supermario: "Hemos llegado a un punto en el que, si no actuamos, tendremos que comprometer nuestro bienestar, nuestro medio ambiente o nuestra libertad".
El diagnostico de Mario Draghi y su equipo de Bruselas puede que sea compartido por la gran mayoría de economistas serios, de la misma manera que suscita dudas el cumplimiento de un plan que permitiría enderezar el rumbo y recuperar una parte del terreno perdido frente a China y EE. UU.
En el informe queda claro que el cumplimiento de las medidas propuestas pasan inexcusablemente por reformar la actual evolución de la Unión Europea, lo que conlleva reducir la burocracia y actualizar las normas de toma de decisiones del bloque comunitario, lo que permitiría, a su vez, actuar con mayor rapidez y eficacia, algo que en la actualidad no ocurre dado el lento y complejo proceso de elaboración de políticas, que se traduce en una media de 19 meses que se tarda en aprobar nuevas leyes tras salvar múltiples escollos y vetos por el camino.
Como muestra un botón: En 2019, la UE aprobó alrededor de 13.000 actos legislativos, mientras que Estados Unidos aprobaba 3.000 y 2.000 resoluciones, algo difícil de desmontar dada la resistencia demostrada en distintas ocasiones por los distintos miembros de la Unión, se trate de consolidar los mercados de capitales o de eliminar los vetos nacionales.
Y aquí da igual de que se trate del deslizamiento económico continuado, de la transición medioambiental o de la guerra en Ucrania, todo ello agravado por el hecho de que muchos gobiernos de la UE se enfrentan a la creciente amenaza de la extrema derecha y que los motores tradicionales de la integración de la UE se han visto debilitados por los recientes resultados electorales. A ello se une la errática posición de los ecologismos radicales y las posiciones maximalistas de la izquierda ultramontana que, en ambos casos, gestiona un grado de influencia nada desdeñable.
España, por su parte, vive un auténtico frenesí legislador. Los datos son apabullantes: en nuestro país se han promulgado al menos 206.777 normas entre 1995 y 2020, según una investigación del Banco de España que concluye que tan ingente cantidad de normas puede cristalizar en problemas para las empresas y en especial para los pequeños negocios.
Europa no es una recién nacida y ello es un factor que juega a favor de las tesis de Draghi porque el continente europeo acumula un histórico nada desdeñable en activos empresariales o financieros, en formación o en otros aspectos valiosos de cara a emprender una tarea ardua como la que plantea el economista italiano. Pero ello no parece suficiente motivo para que la industria europea se salve de la agria y contundente crítica de Draghi y su equipo que se refleja en el hecho de que, en las últimas cinco décadas, ninguna empresa de la UE por valor de más de 100.000 millones de euros se haya creado de la nada, y que, el 30% de la empresa privada de nueva creación valoradas en más de 1.000 millones de dólares, han abandonado la eurozona desde 2008 porque no podían crecer en el continente.
Ante el riesgo de deslocalización de muchos sectores clave, Mario Draghi se refiere repetidamente a la necesidad de que Europa cuente con una estrategia industrial, pero lamenta la incapacidad de esta para coordinarse en torno a una. "Hoy en día, las estrategias industriales, como se observa en Estados Unidos y China, combinan múltiples políticas", entre ellas la fiscal, la comercial y la de acción exterior. Debido a su lento y disgregado proceso de elaboración de políticas, la UE es menos capaz que los competidores de dar una respuesta de este tipo de actuaciones".
Aunque en ningún caso el informe apuesta por el proteccionismo y niega la necesidad de imponer aranceles de forma sistemática, no oculta que la situación actual cuesta puestos de trabajo europeos y por ello dedica un buen espacio a recordar las dificultades a las que se enfrenta la industria europea del automóvil por la competencia desleal de China y de su gobierno.
El problema de Europa para Mario Draghi no es la falta de ideas o de ambición, sino que su innovación está bloqueada porque no estamos logrando traducir está en comercialización y eso, en un momento en que el mundo se encuentra en una desenfrenada carrera por desarrollar la inteligencia artificial, puede resultar letal para Europa
A lo largo de las casi 400 páginas de informe dedicadas a desarrollar con minuciosidad el futuro de la competitividad europea, con sus correspondientes recomendaciones de todos los sectores que se verían afectados, el documento aborda las soluciones de la única manera que se conoce para resolver los descomunales retos que se plantean: recurriendo al dinero y a las inversiones.
Pocos sectores quedan fuera del foco del informe Draghi. Semiconductores, computación e inteligencia artificial, transporte, industria farmacéutica, tecnologías limpias, defensa, espacio y automoción, son analizados con meticulosidad y cada cual recibe su dosis de posible solución, siendo conscientes en Bruselas de que se corre el peligro de que el informe termine en un cajón de un departamento cualquiera de la Comisión.
Recuperando la célebre frase de “¡Joder, que tropa!” del conde de Romanones, refiriéndose a los miembros de la Academia que habían comprometido su voto y le traicionaron en masa, Bruselas es consciente del buen número de francotiradores que reúne la eurozona y que no van a facilitar la puesta en marcha de tan exigente plan. Dejando al margen a Alemania, cuya situación actual no es especialmente propicia a liderar la revolución Draghi, ahí tenemos a España y a su presidente Pedro Sánchez, siempre dispuesto a convertirse en verso suelto ya sea en el reconocimiento del estado palestino como en desmarcarse de la política arancelaria de la Unión en relación con la importación de automóviles eléctricos fabricados en China.
Llegados a este punto, repetir lo ya dicho con reiteración por muchos medios de comunicación europeos. Europa necesita movilizar más de 750.000 millones de euros anuales hasta conseguir situarse al nivel de competidores como Estados Unidos y China.
Para lograr este aumento, según los estudios realizados, sería necesario que el porcentaje de inversión de la UE pasara del 22% del PIB actual a alrededor del 27%, invirtiendo así la tendencia del prolongado descenso en que está sumida la mayoría de las grandes economías de la UE.
Para Mario Draghi, el endeudamiento conjunto público-privado de la UE debería utilizarse regularmente para satisfacer las ambiciones de la eurozona en materia de descarbonización, transformación digital y ecológica, así como para el necesario impulso de las capacidades de Defensa.
Draghi también parece tener claro que la UE debería continuar, pese a que la experiencia no siempre ha sido positiva, el modelo de los fondos de nueva generación, emitiendo instrumentos de deuda comunes, que se utilizarían para financiar proyectos de inversión conjuntos que aumenten la competitividad y la seguridad de la UE. De no financiarse y planificar conjuntamente bienes públicos como redes e interconexiones, equipos de defensa e I+D en defensa, se corre el riesgo de que estos sectores queden infradotados.
Hasta aquí, un más que sucinto extracto de titulares del contenido del informe de la Comisión comunitaria. A partir de aquí la realidad, y en esa realidad cabe la existencia de gobiernos como el español que acoge en su seno a una vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, como Yolanda Díaz, que se despachaba recientemente en una comparecencia en el Senado español con una rotunda e inquietante afirmación: "Estamos cambiando la economía de nuestro país desde el mercado de trabajo". Difícil dar más por menos.
Y para dejar claro que Mario Draghi y Bruselas se van a enfrentar a una formidable oposición de algunos países miembros de la Unión, Yolanda Díaz enfatiza que el empleo es el que está impulsando el crecimiento económico y la transformación del tejido productivo y empresarial de España. “Hemos cambiado el paradigma laboral para cambiar el modelo de crecimiento" enfatizaba la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, aclarando que el cambio de modelo se ha vertebrado en tres ejes: nueva respuesta ante la crisis, la transformación de la política salarial y el cambio estructural que ha supuesto la reforma laboral.
Lejos de asumir o prever tesis alguna de la propuesta de Draghi, cuyo corolario a modo de advertencia se resumen en que "hemos llegado a un punto en el que, si no actuamos, tendremos que comprometer nuestro bienestar, nuestro medio ambiente o nuestra libertad", Yolanda Díaz ignora que España en 2023 acababa de caer cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y que se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años.
Detrás de esta pérdida de posiciones, en opinión de ciertos expertos, se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, la política fiscal, el marco institucional, la legislación empresarial y el marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD genera la productividad y el mercado laboral; un punto, este último, en el que destacan las dificultades que las empresas tienen para acceder a los profesionales con la cualificación requerida, así como el coste de la mano de obra.
Yolanda Díaz ignora u olvida, pese a los muchos intentos que se hacen y se han hecho para recordárselo, que el patrón de crecimiento de la economía española lleva décadas apoyándose en la acumulación de factores de producción, siendo negativa la contribución de la productividad.
Basta asomarse a los muchos y buenos informes que se elaboran sobre la economía española para comprobar que, desde el año 2000, la productividad total de los factores, o lo que es lo mismo la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores utilizados para obtenerla, ha caído un 14,7%, lo que ayuda a explicar que el PIB per cápita de España sea un 18,5% inferior al de la eurozona, siendo también más baja la productividad por hora trabajada (un 14,1% inferior).
Son los mismos informes que destacan, entre otros, que detrás de estos pobres resultados en términos de productividad está el bajo esfuerzo inversor al situarse por debajo de la media europea en variables como el stock de capital tecnológico, el stock de capital público y el stock de capital productivo por empleado.
En este contexto, hay que entender la exigencia de las reformas estructurales a las que obligan los fondos europeos de recuperación, ya que son condición necesaria para maximizar el impacto de las inversiones en términos de crecimiento del output potencial, algo que hace imprescindible el aumento de la productividad. ¿Lo entenderá la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez?
No hay espacio suficiente para seguir desarrollando la debilidad de nuestra economía. Bien es cierto que España, como el resto de países del planeta tierra, ha vivido en una época de crisis permanente propiciada por el grave riesgo financiero de 2007, la COVID-19 o la guerra de Ucrania, pero estar preparado para hacer frente a las crisis es parte de la labor de los gobiernos, y otras naciones sí han crecido en términos de PIB per cápita desde 2005. Por ejemplo: Irlanda, un 79%; Alemania, un 18,7%; EE. UU., un 17%; Japón, a pesar de su demografía y una fuerte caída de la población, ha crecido un 7,8%; incluso nuestros vecinos portugueses, un 7,5%.
España, sin embargo, según algunos estudios de organismos internacionales, tiene el mismo nivel de PIB per cápita con respecto a EE. UU. que en 1870, año en el que comienzan las series económicas modernas. Hemos pasado de representar el 1,87% de la economía mundial en 2005, a ser solo el 1,37%. Cada vez somos menos relevantes y vamos a convertirnos en un país periférico que importa menos en la toma de decisiones. Ese parece ser el entorno ideal para la ministra de Trabajo.
La vicepresidenta debería leer de vez en cuando los llamados papers, en terminología sajona, que elaboran las entidades financieras, los organismos nacionales e internacionales y las buenas “fedeas” que ejercen en España, bajarse de ese montículo de inocuidad en el que parece haberse instalado y tratar de buscar soluciones para los muchos y profundos problemas que aquejan a la economía española y que afectan a su competitividad, nivel de deuda, aumento desmedido del gasto, déficit público, mercado del trabajo, desarrollo tecnológico, formación/educación, atracción de talento, etc.
En ese escenario, España va a ser requerida para formar parte de las soluciones propuestas por la Comisión Europea basadas en el informe Draghi y ello va a demandar decisiones para solucionar los muchos problemas a solventar, aunque parta de una posición que no nos hace ser especialmente optimista, ya que desde 2007 los gobiernos españoles se han centrado exclusivamente en la gestión del día siguiente, cayendo en la tentación de utilizar cualquier crisis o disfunción para no pensar en la política de largo plazo.
Llegados a este punto habría que reclamar con especial énfasis la vuelta “al poder” del recordado José Barea, quien fuera director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, durante la primera legislatura de José María Aznar, en el único intento serio de un gobierno democrático español de atajar el desvarío del gasto público, que es tanto como decir que fue la primera vez que un gobierno democrático tuvo en cartera la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado base Cero.
Recientemente releía un fragmento de análisis narrado por Jesús Fernández-Villaverde, catedrático en Economía de la Universidad de Pensilvania a raíz de la continua falta de liderazgo en que se encuentra sumida la sociedad española, recordando que De Gaulle, en su momento, les dijo a los franceses lo que no querían escuchar, pero era lo que necesitaba el país.
En 2015, España tuvo una ventana de oportunidad de entre tres y cuatro años, pero no fue capaz de aprovecharla. En 2016 hablé de sostenibilidad fiscal y no hemos hecho nada al respecto. La crisis del COVID-19 demostró que nuestras administraciones públicas no estaban preparadas. De hecho, el peor país en términos de datos fue España.
Esto sucede porque en España la estructura determina los resultados. Nada es producto de la casualidad, sino que existe una estructura político-administrativa que ha generado una serie de incentivos para que no se tomen las decisiones que el país necesita. Esta estructura ha llevado a una calidad democrática en deterioro y a una eficiencia económica cada vez más baja. No hay nada que refleje mejor el estado de nuestra democracia que el abuso que se lleva realizando en los últimos doce años del real decreto-ley o la absoluta pantomima de la reforma laboral.
En el Instituto Coordenadas de Derecho y Economía Aplicada, su vicepresidente, Jesús Sánchez Lambás, nos recuerda que nunca antes en la historia contemporánea hemos podido asomarnos al futuro con previsiones tan fiables, y el sistema político, lejos de trabajar en ese porvenir, sigue repitiendo los modelos de política clientelar que perpetúan el sistema de “turno”. El informe del profesor Dragui y su equipo tiene que convertirse en una radical transformación del modo y el contenido de la política. Es la encrucijada entre la partitocracia o la colaboración público-privada sin más horizonte que preservar los valores europeos, construyendo el futuro seguramente con sudor y lágrimas. Pero con la esperanza de tener un porvenir. El guion está escrito. Por favor, vámonos a las cosas, las de nuestro tiempo.
¡Tendremos que confiar una vez más en Mario Draghi!
Autor: Carlos Díaz Güell
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Institución de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.
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