Los problemas de seguridad, con un repunte especial en los últimos meses, que se están viviendo en Barcelona han puesto en cuestión la política de seguridad que se aplica en la Ciudad Condal. La alcaldesa Ada Colau, como viene siendo su estrategia habitual en política, no afronta la realidad y a niega la situación o, en el mejor de los casos, asegura que la responsabilidad es siempre de otros. Un rápido análisis a los presupuestos que el consistorio barcelonés ha ejecutado en materia de seguridad ciudadana en los últimos años permite cuestionar la política municipal en materia de seguridad de Barcelona, que se evidencia en el menoscabo presupuestario de los cuerpos de seguridad de la ciudad: 30 millones de euros menos en sólo dos años. Menos presupuesto y una cuestionable aplicación a partidas menores.

Los últimos datos del Ministerio de Interior evidencian que la creciente sensación de inseguridad que se vive en Barcelona podría estar justificada: según la fuente citada, la capital catalana lidera el número de robos con violencia de toda España (más de 7.000 en seis meses). Frente a esta situación, en si mismo inquietante, la disponibilidad de los agentes de la Guardia Urbana tendría que ser, si no total, muy elevada, pero, de hecho, el 40% de la plantilla (según diversos análisis estimativos) no estaba en activo durante julio y agosto, los meses en los que se registra el mayor número de visitas turísticas en la ciudad, que es el caldo de cultivo de que la delincuencia crezca de manera alarmante en Barcelona, sin que los responsables políticos que tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos insistan en sus declaraciones en el negacionismo, sin aportar soluciones solventes en el debate ciudadano

 

Recortes en seguridad y prevención, incluso tras atentado de las Ramblas

 

La ejecución de los presupuestos en seguridad y movilidad ciudadana se ha visto reducido de forma consecutiva desde el año 2016, en que lo ejecutado ascendía hasta los 323 millones de euros, reduciéndose en unos 21 millones en el año 2017 y otros 6 millones más en el año 2018. Es decir, en dos años se contrajo cerca de 30 millones de euros el presupuesto ejecutado en materia de seguridad y movilidad ciudadana. Tendencia que se ha mantenido a pesar de los acontecimientos de agosto de 2017, donde el debate sobre la seguridad en la capital catalana se materializó en el ámbito municipal con la colocación de escasos (en opinión de algún especialista en seguridad urbana) bolardos, pero no en más apoyo a las unidades de seguridad municipales.

En 2019 se han presupuestado 301 millones de euros, una reducción sensible, unos 13 millones de euros menos que el año pasado, por los 306 que se presupuestaron en 2017 y los 326 millones de 2016 (el presupuesto más alto en materia de seguridad y movilidad ciudadana en los últimos siete años).

Dentro de dichos presupuestos, los gastos en contratos menores dentro de la gerencia de Seguridad y Prevención se han reducido casi en un 45% en 2018 respecto a 2016. En 2016 el gasto de la gerencia en contratos menores es de 70.695.013,90 €, en 2017 se reduce unos 22 millones de euros hasta los 48.112.192,41 € y el año pasado casi a la mitad de lo gastado en 2016, unos 38.318.604,03 €.

 

Homenajes en época de elecciones municipales

 

Sin embargo, el consistorio no ha escatimado en destinar cada año más dinero en homenajes a la Guardia Urbana. En 2015 el ayuntamiento se gastó 21.659 euros en sastrería, sin constar contratos para organizar la diada de jubilados ni tampoco para la tradicional entrega de medallas. En 2016 se repite el mismo contrato que en 2015. Este año sí constan las medallas por un valor de 20.629,99 € y figuras conmemorativas por 4.434,65 €. Lo que suma un total de 46.720,64 euros junto con los gastos de sastrería de ese año (misma cantidad que en 2015).

En 2017 se repiten los contratos de sastrería, uniformes y medallas pero el precio de las medallas asciende a 21.659 € (mismo precio que el gasto en sastrería de todos los años). A ello se le añade otro gasto de “Uniformitat representació lliurament medalles GUB” por otros 21.659 €, así como 2.750 € en el catering de la diada de la GUB con la entrega de medallas y vídeos del cuerpo, junto con un gasto técnico de unos 306,09 €. El gasto en 2017 asciende a 68.033,09 euroeuros.

En 2018 se repiten los tres primeros contratos pero ascienden su precio en unos mil euros, con un gasto de 21.778,79€. El gasto en el acto de entrega de medallas se dispara hasta los 14.494,83 € (de los 2.750 euros de 2017) y se hace entrega de figuras conmemorativas por valor de 4.434,65 €. El gasto en 2018 es de 84.265,85 euros, el doble que en 2016.

En el primer trimestre de 2019, el gasto en sastrería y uniformes descienden a 18.148,79 euros cada uno. Sin embargo, figura un nuevo gasto como “Elements identificatius i commemoratius GUB” por un coste de otros 18.148,79 euros. A ello se le añade el contrato por las figuras conmemorativas de los jubilados que asciende a 7.095,44 euros (casi 3.000 euros más caras que el año anterior y que en 2016). A falta del contrato por el acto de entrega, el cual se realiza en el último trimestre del año, el gasto en 2019 se sitúa en 61.541,81 euros. Las conclusiones a la vista de este análisis resultan muy óbvias.

 

Barcelona, la ciudad española con más robos con violencia

 

Según el nuevo balance semestral del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior el número de robos con violencia (especialmente perturbadores de la convivencia) se han incrementado hasta los 7.082 en Barcelona frente a los 5.187 de Madrid, ciudad mas extensa territorialmente y con 1,5 millones de habitantes más, una media de hasta 39 robos con violencia al día frente a los 28 de Madrid. Desde 2018, Barcelona supera a Madrid en el número de robos con violencia durante el primer trimestre del año. Si en 2017 Madrid tuvo 5.830 casos (32 al día) por los 4.834 de Barcelona (27 al día); en 2018 se incrementaron un 12% (con 5.427 casos) superando finalmente a Madrid (4.841 robos con violencia). A la par que Madrid consigue reducir sus números, la tendencia al alza en Barcelona se cronifica en 2018 ascendiendo la cifra en unos 593 robos más que en el mismo período del año 2017.

Los indicadores del Ministerio reflejan que 2019 es el tercer año consecutivo en el que el número de robos con fuerza han aumentado en la ciudad de Barcelona. Desde el año 2017, el número de robos con fuerza en domicilios y establecimientos Barcelona ha aumentado en un mínimo de 250 casos, si en el año 2015 había 2.837 casos durante el primer trimestre del año, en 2019 la cifra se sitúa en 4.506 robos. Es decir que en apenas cuatro años los robos con fuerza han aumentado un 58%.

 

Un goteo incesante de hurtos

 

El recién publicado balance arroja otros datos preocupantes Barcelona ha sufrido una media de 311 hurtos al día durante el primer semestre de 2019. Un incremento de 80 hurtos más al día que en el mismo período de 2015. El crecimiento de este tipo de delitos en Barcelona es mucho más alto que en Madrid, donde en 2015 había 281 hurtos de media al día por los 322 de 2019, alrededor de 40 hurtos más.

Barcelona nunca había estado tan cerca de Madrid respecto al número de hurtos cometidos, la diferencia entre ambas ciudades oscilaba entre los 9.000 y 8.000 hurtos de 2015 a 2017. Mientras que, en 2019, Barcelona (56.015 hurtos) ha recortado la distancia y se sitúa a unos 1.900 hurtos en Madrid (57.989 hurtos).

Si abarcamos el cómputo total de infracciones penales (la suma de todos los tipos de delitos), se contempla que en apenas dos años hay hasta 120 infracciones de media más al día, pues en 2019 se producen hasta 555, por las 512 de 2018 y las 425 al día de 2017.

A pesar del cambio en las políticas de seguridad del gobierno municipal, las tendencias para el segundo semestre del año siguen siendo bien preocupantes, teniendo en cuenta que hasta un 40% de los agentes de la Guardia Urbana se encontraban fuera del servicio activo.  Si en el año 1992, con la celebración de los Juegos Olímpicos, Barcelona contaba con hasta 3.500 agentes de la Guardia Urbana, en la actualidad apenas llegan a los 2.800 efectivos en una ciudad que acoge altos volúmenes de turismo y cuya demografía ha crecido considerablemente.

Analizar los datos es un deber social y extraer conclusiones para implementar las acciones que permitan recuperar parámetros que permitan a la ciudad progresar.

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