La decisión del Gobierno de blindar la intervención de los trabajadores de la estiba en las operaciones de carga y descarga de vehículos en los puertos españoles va a disparar los costes de estas operaciones y puede poner en peligro el futuro del sector de automoción en nuestro país que representa un 15% del PIB. Así se deduce de un estudio realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
Por los puertos españoles transitan cada año más de 2,5 millones de vehículos, procedentes de la fábricas que los exportan, de la importación para el mercado nacional, más el tráfico transitario de vehículos que llegan a puertos españoles y son reexpedidos a otros destinos. El sector de la automoción supone el 20% de las exportaciones/importaciones españolas, genera un volumen de negocio superior a los 100.000 millones de euros y proporciona empleo a 2,3 millones de trabajadores, directos e indirectos.
Garantizar a los estibadores agrupados en el monopolio de la Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) la exclusividad en la carga y descarga de vehículos en lo puertos, como pretende el Gobierno, elimina cualquier opción de eficiencia y competitividad por parte de las empresas operadoras de este servicio, señalan en Instituto Coordenadas. La actual situación de este sector concreto del negocio de estiba es bastante compleja, señala el Instituto, Por un lado, la actual Ley de Puertos liberaliza esta actividad y en su artículo 130 señala que "están exentas de consideración como servicio portuario de manipulación de mercancías la de embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de vehículos a motor, cuando se realicen por sus propietarios, usuarios o conductores habituales dependientes de aquellos, así como el embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular".
Sin embargo, en su artículo 155 reconoce un derecho de tanteo por parte de la SAGEP para realizar estas operaciones de carga y descarga de vehículos al ofrecer “un precio igual o más ventajoso en términos de calidad y costes". Por esta razón, en los puertos españoles hay disparidad operativa en esta actividad, pues hay puertos en el que las empresas de estiba pueden utilizar personal propio para carga y descarga de vehículos y en otros es prácticamente imposible y están abocadas a utilizar los servicios del monopolio SAGEP.
El estudio del Instituto Coordenadas señala que los trabajos de carga y descarga de vehículos en los puertos no precisan de los servicios asociados a la estiba tradicional. No es necesario el uso de grúas complejas ni el manejo de maquinaria pesada muy especializada, como sería el caso de la carga y descarga de contenedores. En la mayoría de las operaciones se trata de trabajos asociados a conductores y no a estibadores en sentido estricto.
Garantizar la intervención de estibadores en la carga y descarga de vehículos, protegidos por una situación monopolística que dispara sus salarios y obliga a unas condiciones de trabajo fuera de la realidad del mercado, señala el estudio del Instituto, es bloquear cualquier posibilidad competitiva de este sector concreto, con impacto impredecible en todo el sector de automoción.
Según el Instituto, los Terminal Handling Charge (THC), cargos por manipulación portuaria, en la carga y descarga de vehículos en los puertos españoles son un 22% más bajos que en sus similares del norte de Europa. Esto potencia su competitividad. Sin embargo, dentro del sur europeo, los THC en puertos españoles en carga y descarga de vehículos son en torno a un 28% superior a otros puertos, sobre todo del Mediterráneo. Esto muestra la enorme competitividad que hay en este sector y cómo cualquier cambio significativo en los costes operativos, como la estiba, puede condicionar que una buena parte del tráfico de vehículos en puertos españoles se desplace a otros puertos europeos o norteafricanos.
Para Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente del Instituto Coordenadas, “si se mantiene este monopolio de hecho en la manipulación de vehículos en puerto es fácil prever acciones judiciales en el Tribunal Europeo de Justicia, lo que supondrá, otra vez, como ha ocurrido con las demandas de las energías renovables, un durísimo golpe reputacional, económico y sancionador para España. De nuevo multas e indemnizaciones con cargo a los impuestos de los ciudadanos y de las empresas para restañar los daños de las decisiones políticas contrarias a derecho. Lo que parece ya casi un estándar generalizado.”