El creciente uso de los pagos digitales que se ha experimentado en los últimos años ha venido acompañado de un incremento de los fraudes, tanto es así que en 2019 se recibieron 192.375 denuncias sobre estafas relacionadas con pagos digitales, lo que supone un 88% del total de los ciberdelitos registrados y un 10% de las denuncias totales recibidas por cualquier casusa. A pesar del aumento de estas denuncias, según los expertos, es necesaria una mayor concienciación social sobre la importancia de denunciar dichas infracciones.
Esa es una de las conclusiones a la que se ha llegado en el seminario “Tendencias en los métodos de pago y riesgos en los pagos digitales”, organizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada y en el que han participado Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas y gestor de fondos de inversión; Alberto Redondo Sánchez, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil, y Lourdes Cremades, de la División de Vigilancia y Supervisión de Pagos del Banco de España. Por parte del Instituto Coordenadas han intervenido su director de análisis, Carlos Díaz Güell, y su vicepresidente ejecutivo, Jesús Sánchez Lambás, que actuó de moderador.
Durante el encuentro se puso de manifiesto que, a pesar de tener múltiples ventajas, los pagos digitales cuentan hoy en día con graves brechas de seguridad. “Hay una evidencia empírica que demuestra que el avance tecnológico y de seguridad de las instituciones va muy por detrás de quienes intentan delinquir”, afirmó Daniel Lacalle.
Una idea que reforzó Alberto Redondo Sánchez, quien aseguró que el ciudadano y las pequeñas empresas están sufriendo estafas a diario, lo que supone unas pérdidas enormes. “El gran negocio de los ciberdelincuentes es el robo de datos vinculados a los medios de pago”, explicó y, para ello, se llevan a cabo estafas de múltiples modalidades y cada vez más perfeccionadas, como, por ejemplo, la creación de falsas páginas web de e-commerce o de suplantación de entidades financieras. Ante ello, Alberto Redondo hizo hincapié en la importancia de que los usuarios estén alerta y de que denuncien cualquier tipo de estafa, a pesar de que no suponga una pérdida elevada de dinero. “El fraude recibe cada vez más denuncias por parte del ciudadano, lo que nos permite luchar contra la sensación de impunidad que tiene el ciberdelincuente”, destacó.
Para ello, recurrió a datos del VII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad con información correspondiente a 2019. Según recoge, el año pasado se registraron en España 192.375 estafas informáticas, lo que supone el 88% de todos los ciberdelitos conocidos. Además, los ciberdelitos han aumentado su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad, alcanzando el año pasado el 10% y siguen incrementando año tras año. Según el mismo informe, en 2016 se registraron 92.716 ciberdelitos pasando a los 218.302 en 2019, un incremento de más del 135%.
En este sentido, Lourdes Cremades hizo hincapié en que es necesario reforzar las medidas que se están llevando a cabo: “Hay que garantizar la seguridad para que la economía fluya y en esto todos tenemos un papel importante, desde las entidades financieras a las empresas, que organizan formaciones sobre ciberseguridad, pasando por los propios ciudadanos”. Así, destacó el papel que está cumpliendo la PSD2 (Revised Payment Service Directive), normativa europea sobre servicios de pagos electrónicos, que ha implantado aspectos que fomentan la seguridad en este tipo de transacciones, como ocurre por ejemplo con la biometría. Y es que, tal y como destacó Jesús Sánchez Lambás, la democracia se fundamenta sobre un valor de seguridad, que debe mantenerse también con las nuevas tecnologías.
Pagos digitales y economía sumergida, el fin de un mito
Por otra parte, Daniel Lacalle quiso desmitificar la idea cada vez más extendida de que la digitalización de métodos de pago conlleva una reducción de la economía sumergida. En este sentido, aseguró que en países como Noruega, donde hay una mayor popularización del uso de pagos digitales, existe un grado de economía sumergida similar al que se registra en España. “Es importante no utilizar la introducción de medios de pago haciendo referencia a que los ciudadanos recurren o no a ellos para ser opacos”, afirmó.
Y es que, tal y como indicó, la inmensa mayoría de las transacciones que se realizan actualmente siguen siendo en dinero en efectivo por razones como la de inclusión social: “No podemos negar la desigualdad que genera la digitalización de medios de pago y mucho menos hacerlo bajo una pretensión equivocada de que van a eliminar una economía sumergida que en realidad no eliminan”.
En esta misma línea, Lourdes Cremades destacó que el efectivo sigue siendo el método de pago más utilizado y apostó por la importancia de la variedad de opciones y por no demonizar ninguna de ellas: “Todos los instrumentos de pago deben tener cabida en las sociedad para que cada usuario pueda escoger el que mejor le convenga dadas sus propias circunstancias”.
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