Si se manifiestan efectos nocivos por mezclar vacunas, Sanidad se enfrentará a una avalancha de reclamaciones judiciales

Administrar la segunda dosis con vacuna de Pfizer o Moderna a los que recibieron la primera de AstraZeneca puede originar una nueva serie de conflictos jurídicos de proporciones imprevisibles, con multitud de demandas y querellas contra el Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas, los hospitales y contra cualquier instancia que haya intervenido en el proceso de mezcla de vacunas. Así lo advierte un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada que ha analizado esta cuestión en concreto y que habitualmente hace un seguimiento de la evolución de la actual pandemia.

Priorizar las cuestiones logísticas para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño, por encima de las cuestiones eminentemente científicas y sanitarias, e impulsar la mezcla de vacunas es una operación de altísimo riesgo, quebrando las pautas del fabricante, que quedaría exonerado de cualquier riesgo, de los organismos nacionales e internacionales que aprobaron el medicamento, en la que de forma imprudente han entrado los máximos responsables sanitarios de nuestro país, señalan los expertos del Instituto Coordenadas. El desconocimiento de los efectos que la mezcla de vacunas puede tener sobre la salud de los ciudadanos afectados es hoy incierto y los riesgos existentes son imprevisibles: Si se sigue con esa tendencia inequívocamente se va a producir una cascada de efectos legales, y eventualmente nocivos e incluso peligrosos para la salud de los ciudadanos a los que se administre una segunda dosis de vacuna diferente de la primera.

Hasta ahora en la literatura científica no hay prescripciones claras y determinantes que permitan alterar el régimen de administración fijado por el fabricante y lo conocido por la Agencia Española del Medicamento y los procesos centralizados en la UE. La perspectiva de miles de ciudadanos interponiendo demandas contra cualquier autoridad sanitaria por incumplir las especificaciones concretas de los fabricantes de vacunas e imponer, por razones logísticas o comerciales, la mezcla de dosis es más que real y puede conducir a un escenario de colapso de la administración judicial y al desprestigio de todo el sistema sanitario, señalan los analistas del Instituto Coordenadas.

Si se manifiestan efectos secundarios peligrosos para la salud por culpa de la mezcla de dosis, habrá una avalancha de reclamaciones judiciales de todo tipo, reiteran los especialistas del Instituto Coordenadas. Ya no se tratará de efectos secundarios esperables y que entran dentro del riesgo normal en la administración de medicamentos. En este caso, reiteran esos expertos, estaremos ante una manipulación de medicamentos y una alteración arbitraria de tratamientos de los que cualquier laboratorio farmacéutico se desentenderá y de cuyas consecuencias serán responsables únicos los poderes públicos. 

Actualmente, el conjunto de estudios y análisis que se realizan en el mundo, incluso promovidos en colaboración con las empresas fabricantes sobre la cuestión de la mezcla de vacunas arroja resultados dispares. El Reino Unido, quizá el país más adelantado, ha desaconsejado su practica generalizada, al igual que la OMS. En el fondo de la cuestión sus expertos no encuentran tantos argumentos científicos que mejoren la eficacia de la alternativa y consideran que son, sobre todo, cuestiones logísticas las que conducen a un “todo vale” para lograr las inmunidades de rebaño, que han quedado cuestionadas en pequeños países donde pronto se alcanzó altísimas cuotas de vacunación, pero mantienen tasas de contagio de 1.000 infectados diarios.

Los analistas del Instituto Coordenadas señalan que los estudios publicados sobre la vacuna de AstraZeneca, muestran que la eficacia de la inyección alcanza la cota máxima cuando se administra con un intervalo de 12 semanas y se reduce si la administración es en tan solo mes y medio. La posología, cantidad y tiempo, si son hechos relevantes acreditados científicamente ante organismos especializados en la supervisión de medicamentos.

Hasta que no existan evidencias científicas solidas y solventes en la administración masiva de medicamentos a la población, el criterio científico más prudente señala que hay que guiarse siempre cumpliendo la posología, las dosis y los tiempos que fija el fabricante, mientras los sistemas de control de medicamentos no determinen pautas diferentes. El análisis del Instituto Coordenadas reitera que no se puede elevar una cuestión logística al rango de una cuestión de salud individual. Los esfuerzos públicos y privados deben de orientarse a alcanzar la producción, distribución y administración a los ciudadanos y sin evidencias científicas incontrovertibles, no alterar los valores fijados.

Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente del Instituto Coordenadas, alerta de las “severas repercusiones legales de alterar el régimen de las segundas vacunas, mezclando productos diferentes, lo que generara dos problemas de futuro: la perdida de protección a los usuarios y consumidores, que involuntariamente son inyectados con dos productos diferentes para cumplir un solo ciclo, al perder por incumplimiento la seguridad y la responsabilidad del primer fabricante, y las eventuales responsabilidades de las administraciones públicas, en los supuestos de incidencias en la salud de los ciudadanos, por efectos negativos. Más de un año sufriendo la pandemia ha de dejar lecciones aprendidas: la prudencia no es la más irrelevante”.

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