Las políticas regulatorias y comerciales de la Unión Europea están determinando el presente y el futuro de sectores clave como la inteligencia artificial, la minería, la automoción eléctrica y las energías renovables, y desnivelando la balanza hacia China y Estados Unidos en un contexto de fuertes tensiones a nivel geopolítico y comercial y de una feroz competencia a nivel global.

Después de volver a descolgarse en primera instancia de los esfuerzos globales contra el cambio climático, la Administración Trump -con Elon Musk como figura destacada- ha impulsado políticas agresivas de desregulación y eliminación de la burocracia. Más tarde, amenazó con la imposición de aranceles y procedió, en algunos casos como el de China, a aplicarlos. En paralelo, el gigante asiático ha reafirmado su potencial competitivo e innovador en sectores clave como la automoción y la innovación tecnológica. Este liderazgo ha sido respaldado aún más si cabe por el reciente lanzamiento de su modelo innovador DeepSeek de IA con una inversión inicial muy superior a los 5,6 millones de dólares anunciados.

Mientras tanto, la realidad tanto en España como en Europa se presenta mucho menos halagüeña. Así lo refleja la modesta inversión en proyectos como el recién estrenado ALIA, el modelo de lenguaje desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center, que en su fase de preparación ha contado con una partida presupuestaria de poco más de 10 millones de euros. “El objetivo no es competir con ChatGPT, para eso necesitaríamos 5.000 millones”, ha admitido en un artículo en Xataka la responsable de la Unidad de Tecnologías del Lenguaje del BSC, Marta Villegas.

La “vieja Europa”

Además de un retraso estimado de 15 años con respecto a EE.UU. en la adopción de tecnologías innovadoras, la UE enfrenta enormes desafíos estructurales que comprometen su futuro, tal y como advierte Mario Draghi en 'El futuro de la competitividad europea'. En este informe, encargado por la Comisión Europea y publicado el pasado mes de septiembre, el expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia destaca otros factores como la falta de productividad, los elevados costes energéticos y el acceso limitado a materias primas.

A todo ello, se suma la complejidad de un marco regulador con más de 13.000 leyes aprobadas (en el mismo período en que EE.UU. ha implementado 3.000) y la ausencia de un fondo específico de apoyo financiero a proyectos estratégicos de extracción de materias primas o de desarrollo tecnológico, tal y como reconoció recientemente el comisario Thierry Breton en una reunión con los principales representantes del sector financiero a nivel europeo.

Industria clave en jaque

Más allá de esperar la resolución del eterno debate sobre qué proyectos deben considerarse “estratégicos”, las empresas españolas y europeas siguen compitiendo en una clara situación de desigualdad. Es el caso de la planta de baterías del Grupo Volkswagen en Sagunto, que ha tenido que afrontar retrasos prolongados debido a la obtención de permisos -especialmente a nivel medioambiental y urbanístico-, en contraposición con los incentivos y el entorno regulatorio que ha acompañado a Tesla en la construcción de nuevas fábricas. Todo ello, en el marco de una legislación favorable como es la Inflation Reduction Act (IRA), con una inversión de 369.000 millones de dólares para impulsar su autonomía en estos sectores fundamentales, lo que resulta, en parámetros europeos, algo impensable.

La minería es otro de los sectores que mejor refleja esta desconexión entre las necesidades estratégicas y las políticas comunitarias. El respaldo, prácticamente sin concesiones, de EE.UU. y China a las principales compañías extractoras de minerales críticos para la transición energética, la inteligencia artificial o la seguridad alimentaria contrasta con la pobre inversión de la UE (apenas un 3% a nivel global) para satisfacer una demanda de entre el 25% y el 30% de los metales del mundo.

En España, resulta prácticamente imposible desarrollar un proyecto de extracción minera como el litio, el cobre o la potasa. Mina Muga, el mayor proyecto del país, impulsado por la australiana Highfield Resources con una inversión de 700 millones de euros, corre un serio peligro, después de 12 años de tramitaciones, debido a la falta de acuerdo entre dos administraciones públicas por la autoría de la firma de un permiso.

Una situación similar al bloqueo que está frenando el desarrollo de la eólica marina en las costas españolas. A la espera de una primera subasta de derechos de acceso y uso del espacio marino, el retraso acumulado en el diseño de la normativa no solo hace prácticamente imposible que España cumpla con el objetivo fijado de alcanzar los 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada en 2030, sino que ha motivado la salida de inversores potenciales, y otros, como la planta de producción y ensamblaje de piezas para aerogeneradores offshore en el puerto gijonés de El Musel, languidecen.

El riesgo de quedar atrás

A medida que EE.UU. y China consolidan su liderazgo en áreas  estratégicas con marcos regulatorios más flexibles y apoyo financiero masivo, Europa sigue atrapada en un modelo regulatorio de raíces decimononico que dificulta el avance de la industria y la innovación. En este contexto, y sin medidas concretas que faciliten la inversión y reduzcan los obstáculos burocráticos, el riesgo de quedar atrás en la carrera global por la tecnología, la energía y los recursos naturales resulta cada vez más evidente.

Los analistas del Instituto Coordenadas ponen el ejemplo del fracaso de la red de cargadores para vehículos eléctricos. Jesús Sánchez Lambás, expone que “el modelo de distribución de energía eléctrica en nuestro país esta frenando el progreso y la modernización de la movilidad. El parque de vehículos envejece, con severo impacto en emisiones, mientras los fabricantes afrontan el desafío de distribuir los vehículos mas eficientes de la historia de la automoción, y el marco regulatorio en la materia está obsoleto”.

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Institución de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

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