El Govern tripartito balear se ha sumado a la corriente populista que recorre Europa y defiende la prohibición de venta de vivienda a extranjeros en las Islas Baleares. También, pretende eliminar la Golden Visa y bajar el número de viviendas en propiedad para ser considerado ‘gran tenedor’. De 10 a 5 unidades. Un asunto que tiene un impacto enorme, tanto en lo económico, social, político y que rompe el fundamento mismo de la Unión Europea.
En un breve resumen, el Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE (PSIB) apoyó una solicitud con la que el grupo Unidas Podemos, socia de Govern junto a los nacionalistas de Mes Mallorca, llevaba tiempo amenazando: una ley que “contemple las medidas necesarias que permitan restringir la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes con la finalidad de evitar la especulación” y con desprecio al Pilar de la UE.
El partido de la presidenta, Francesca Lluc, apoyó casi en su totalidad la medida (13 de 15 puntos recogidos en una Proposición No de Ley, PNL) una vez que Podemos aceptó que la propuesta se elevara asimismo al Gobierno español y a las instituciones europeas, donde se confía quede varado este desafuero. Uno de los puntos que el PSIB no apoyó es la que rebaja de diez a cinco inmuebles para ser considerado gran tenedor. No en vano, está tramitándose la nueva Ley de Vivienda.
Negativa tajante
El pasado 13 de febrero el gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al Congreso, contestaba a Podemos rechazando de manera taxativa la prohibición de compraventa a los no residentes utilizando el argumento de la UE y el amparo de la institución europea al derecho de los ciudadanos a adquirir bienes y servicios en cualquier otro Estado y la prohibición a todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros.
El tripartito balear hace caso omiso a las directrices nacionales porque lo único que le importa es expulsar de las islas a todo el que no lleve un lustro residiendo en la comunidad. Una decisión terrible. La mala previsión y las continuas limitaciones e incluso prohibiciones han ahogado a los ciudadanos Baleares que sufren un empobrecimiento continuo por culpa de estos errores. La medida es un esfuerzo electoralista y populista de tapar esos errores, a sabiendas que no tiene recorrido ni fundamento jurídico.
En la Unión Europea hay otros países como Dinamarca y Malta que exigen residir un mínimo de años en el país, sean residentes o no, para poder adquirir una vivienda. Fuera de la UE, en Australia y Nueva Zelanda también se han impuesto restricciones a la compra de casas por parte de extranjeros no residentes. Sin embargo, la propuesta de Baleares es contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).
Según los deseos del Govern, ni siquiera un madrileño, un catalán o un andaluz, podrán comprar una vivienda en Baleares. Prohibición total a no residentes. Una medida, para empezar ilegal y totalmente contraria al pilar de libre circulación de bienes y personas en la UE. Así lo recogen, de manera inequívoca los artículos 21 (“Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”), 49 (“quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro”) y 63 (“quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (“Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”).
Por lo tanto, es una medida que atenta contra la Constitución Española y contra toda libertad. Ataca de manera directa al derecho a la propiedad privada y a la libertad de bienes y servicios.
Así, supone un claro ejemplo de inseguridad jurídica, en un momento en el que España y todas sus CCAA necesitan capital foráneo e inversiones. Limitar la compraventa a personas que no viven en las islas tendrá un efecto devastador para la economía balear ya que más del 25% del PIB loca está vinculado al sector inmobiliario, con toda la implicación indirecta que supone: inmobiliarias, constructores, promotores, electricistas, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros, pintores, notarios, así como, por supuesto, la hostelería.
Evidentemente, prohibir la venta de viviendas a no residentes provocaría un fuerte aumento del paro, así como de la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Más de un 70% de los impuestos de recaudación directa en Baleares proviene del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP).
“Lo que menos necesita este país son medidas populistas, intervencionistas y que generen una mayor sensación de inseguridad jurídica e improvisación”, declara Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernaza y Economía Aplicada. “Es posible implementar medidas que fomenten el crecimiento y la inversión, todo ello compatible con una menor presión a los precios y la sostenibilidad. Sólo hay que trabajar en ello, no prohibir”. Especialmente, en unos momentos como los actuales, en los que la subida de tipos de interés es un lastre para la industria inmobiliaria.
En definitiva, España abre sus puertas de manera indiscriminada a la inmigración y la ocupación ilegal, mientras las cierra a la inversión foránea. Un camino directo hacia el desastre.
Las medidas rezuman una agresión “al otro” al distinto. Una cultura balear forjada en la idea cosmopolita y una economía impulsada por el comercio y el turismo se ve de pronto rechazada, sin hacerse una pregunta: ¿Quién sostendrá a los cientos de miles de familias que viven de estos dos sectores, el inmobiliario y el turismo de larga duración? Lamentablemente, esto nos sitúa en la memoria de otra corriente populista en Centroeuropa en 1930. No terminó bien.
SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA
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