La plena incorporación de España a los escenarios multilaterales y la incorporación en 1986 a la UE ha permitido que el lobby se haya convertido en una herramienta imprescindible para las administraciones, empresas y grupos de interés.
La elaboración de leyes, reglamentos y normas de todo tipo, especialmente en los sectores regulados, ha alcanzado tal grado de complejidad que es imposible que un cualquier alto cargo de la administración o legislador, asesores incluidos, pueda disponer de toda la información necesaria para actuar con eficacia y es igualmente imposible que pueda determinar con exactitud el nivel real de impacto que cualquier reglamentación puede tener.
Es imprescindible establecer un flujo de información entre sociedad, administradores, legisladores y reguladores para que la elaboración del apabullante número de leyes, decretos, reglamentos y normas que se elaboran cada año sean lo más eficientes posibles. Sin ese flujo de información que se canaliza a través de la actividad de lobby, la tarea normativa de los administradores, legisladores y reguladores, de cualquier nivel, puede convertirse en un arma de destrucción masiva por las implicaciones negativas que unas normas incompletas o parciales, pueden provocar.
Ya no vale el mero impulso político o ideológico de unos legisladores, gobiernos o reguladores para elaborar reglamentos. Cualquier decisión tiene miles de ramificaciones e impactos y unas buenas intenciones políticas pueden provocar un desastre regulatorio si no se conoce todo el terreno que se va a pisar y las consecuencias del BOE sobre la realidad específica. El lobby es el acompañante natural del poder normativo.
Estas son algunas de las principales conclusiones de un análisis que el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado sobre la acción lobbysta en nuestra sociedad actual.
Obsoletas y pintorescas son las ideas de que el lobby es cosa de conseguidores, de tráfico de influencias, de grupos de presión, de comisionistas o de dueños de una buena agenda. El lobby opera sobre modelos de trabajo sistemático y especializado para suministrar al legislador toda la información que su tarea normativa puede necesitar. Es cosa de empresas, que lógicamente se ven afectadas por la naturaleza de la legislación, como de grupos de interés de lo más variado que igualmente se ven afectados por esa tarea normativa.
La idea de que el lobby enriquece a los poderes públicos ha quedado ampliamente superada y hay que aceptar con toda normalidad que el lobby es imprescindible y absolutamente necesario para el estado, señala el análisis del Instituto Coordenadas. Algo tan aparentemente inocuo como modificar una norma, cualquiera, del Código de Circulación tiene derivaciones en la planificación de infraestructuras, en los fabricantes de automóviles, en las compañías de seguros, en los proveedores de tecnología, en el sistema sanitario, en las asociaciones de consumidores, en las organizaciones de automovilistas, en la administración de justicia, en los bufetes de abogados, etc., que ineludiblemente tienen que hacer llegar al estado (ya sea legislativo, ejecutivo, en sus cuatro niveles: comunitario, estatal, autonómico, o local) sus puntos de vista sobre ese mínimo cambio normativo y que ese poder público necesita imperiosamente para actuar de forma acertada.
No hace falta insistir en algo que es más que evidente, señala el análisis del Instituto Coordenadas, que recuerda que hay que normalizar la acción de lobby y dejar a un lado prejuicios trasnochados. El lobby proporciona de forma profesional y transparente información veraz, completa e imprescindible para la acción legislativa. Los analistas del Instituto Coordenadas hacen suya la cita atribuida a John Kennedy en su época de senador: “un lobbysta me explica un problema en diez minutos; mis asesores tardan dos días”. Esa es la esencia del lobby, lejos de cualquier oscuridad.
El lobby es, hay que reconocerlo, una cuestión sensible y necesita regulación. Desgraciadamente, reconoce el análisis del Instituto Coordenadas, España ha fracasado en este tema. No se entienden muy bien las razones por las que no hay una regulación clara de esta actividad ya imprescindible y el análisis del Instituto Coordenadas lo achaca a cierto simplismo ideológico por parte de nuestros gobernantes , que se consideran perfectamente capacitados para crear normas sobre lo que sea sin que nadie les diga nada ni les aporte nada.
Los trámites de información pública de los anteproyectos de normas, o los dictámenes preceptivos de los órganos consultivos son, cuando se cumplen, que no es siempre, manifiestamente insuficientes. También hay desconocimiento sobre la tarea lobbysta y predominan los miedos sobre tenebrosos grupos de presión o manipulaciones para ajustar las leyes y reglamentos a los intereses particulares de unos pocos, cuando quienes tienen que predicar con el ejemplo (publicidad de las agendas de los altos cargos y acceso público a los informes y dictámenes en los que los poderes públicos basan sus decisiones) no tienen regulación, más que la tímida y obsoleta Ley de Transparencia que siete años después de entrar en vigor carece aún de reglamento.
El recelo a quedar contaminado o señalado de por vida con el anatema de corrupción si se habla con un lobbysta planea sobre el firmamento regulatorio español, indican los analistas del Instituto Coordenadas. Es imprescindible clarificar el espacio de actuación de los lobbystas y sus relaciones con todo el estamento administrativo y legislativo. Las actuaciones puestas en marcha hasta ahora sirven de muy poco, dice el Instituto Coordenadas.
En la más alta instancia legislativa de nuestro país, el Congreso de los Diputados, solo existe en materia de lobby un Código de Conducta de los Diputados que exige que los parlamentarios hagan pública su agenda oficial. La CNMC y la CNMV disponen de meros registros de lobbystas. Que se sepa quién recibe a quién y para qué. Nada más. Absolutamente insuficiente, recalca el Instituto Coordenadas.
Todos los profesionales que operan en el mundo del lobby o de los asuntos públicos echan de menos una estructura reguladora que se parezca lo más posible a la que existe en la Unión Europea, máquina imparable de fabricar regulaciones, donde un Registro de Transparencia identifica a los grupos de interés que se relacionan con funcionarios de la Comisión y miembros del Parlamento Europeo.
Creado en 2011, ese Registro se ha convertido en una herramienta eficaz de intercambio de información entre la burocracia comunitaria y todos los grupos de interés. Tiene más de 12.000 registrados, en seis grandes grupos de actuación. Estar en ese Registro permite el acceso al Parlamento Europeo; intervenir en audiencias públicas; recibir notificaciones sobre actividades normativas; concertar reuniones con miembros de la Comisión o altos funcionarios y obtener el estatus de experto consultor en determinadas materias.
Estas normas de transparencia en la UE acaban de ser reforzadas a final de 2020 con una nueva disposición que convierte en obligatoria la inscripción en ese Registro, así como la exigencia de declaración detallada de los intereses concretos y fuentes de financiación de los lobbystas que operen en todos los estamentos comunitarios.
Lo más parecido a esta herramienta lo han puesto en marcha algunos gobiernos regionales y grandes ayuntamientos, como el de Madrid, con la colaboración con Transparency International, que tiene un Registro de Lobbies que aporta un notable nivel de transparencia a las relaciones entre el gobierno local y los grupos interesados en intervenir en la elaboración de las diferentes normativas municipales. La CNMV incluye en su Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas algunos criterios para reforzar la transparencia de las empresas como grupos de interés en la acción legislativa, pero a nivel meramente informativo y el Registro de la CNMC.
El análisis del Instituto Coordenadas concluye señalando que ya es hora de impulsar un lobby profesional, transparente y ético, que haga llegar a los distintos niveles del estado la información que precisa para su acción normativa y que es imprescindible un marco de actuación perfectamente establecido para que altos cargos de la administración y los legisladores sepan qué le puede pedir a un lobby y cómo relacionarse con ellos sin caer en la sospecha.
Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, asegura que “estamos en la época de la transparencia, que debe impregnar las relaciones entre el Poder y la Sociedad con un intercambio leal de información. El lobby tiene que ser la herramienta eficaz de entendimiento entre ambos. Sin más misterios, sin más miedos y con absoluta normalidad”.
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