Brasil, el país más grande de Sudamérica acaba de encadenar dos trimestres con fuertes contracciones en su crecimiento, lo que supone que su economía ha entrado en recesión técnica. La noticia ha coincidido con el nivel más bajo de popularidad de la presidenta, Dilma Rousseff (solo el 8% considera que su gobierno es bueno o muy bueno) y el “anuncio” del anterior presidente Lula de que puede presentarse a las próximas elecciones de 2018, aunque su Partido de los Trabajadores (PT) ha experimentado una caída de su popularidad, derrumbándose sus índices de aprobación entre 2013 y 2015 del 29 al 9%.
A la situación actual se llega cuando ha empezado la cuenta atrás para la inauguración de los trigésimo primeros Juegos Olímpicos que se celebrarán en Rio de Janeiro del 5 al 21 de agosto. Como ya ocurriera en otros países, las olimpiadas, lejos de ser una oportunidad para el desarrollo económico, se convierten en una pesada carga, cuyo ejemplo más representativo es Grecia y sus juegos de Atenas en 2004.
Por lo que se refiere a Brasil, las cifras de contabilidad trimestral del segundo trimestre confirmaron que su economía se encuentra en un proceso de ajuste más intenso y prolongado del esperado inicialmente y que su PIB cayó un 1,9% trimestral, adicional a la caída del 0,7% del primer trimestre, concentrándose este descenso en la demanda interna, con fuertes retrocesos de la inversión y del consumo privado, que contrarrestaron la contribución positiva de la demanda externa explicada por el aumento de exportaciones y sobre todo el descenso de importaciones.
Pese a la recesión económica, la inflación se mantiene alta (9,6% en julio) debido principalmente al alza de las tarifas públicas, tras varios años sin revisión, pero también al efecto de transmisión de la tasa de cambio a los precios del consumidor (pass through).
Donde sí ha tenido un claro efecto la recesión ha sido en las cuentas públicas, cuya evolución está siendo más negativa de lo anticipado: el saldo primario se mantiene en déficit, habiéndose incluso deteriorado en los últimos meses.
El gobierno ha reconocido la dificultad para lograr los objetivos (que habían sido revisados en julio) y ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 que considera un objetivo de déficit primario del 0,34% del PIB (frente al superávit del 0,7% aprobado en julio y el objetivo inicial de superávit del 1,2%) . Esta será la primera vez, desde que la Ley de Responsabilidad Fiscal está vigente, que una Ley de Presupuestos contemple un déficit primario.
La reacción del mercado a esta nueva revisión de los objetivos fiscales ha sido negativa: el real se ha depreciado un 5,3% en la última semana, acumulando una caída del 21% en los últimos dos meses.
Falta todavía la reacción de las agencias de rating a esta nueva revisión, tras la valoración negativa que hicieron de la realizada en julio: Moody's rebajó la calificación soberana de Brasil el 11 de agosto, hasta Baa3 (Baa2 previa) con perspectiva estable, es decir, todavía en grado de inversión pero en su nivel más bajo; y S&P, que ya tenía desde marzo 2014 el rating en BBB-, cambió sus perspectivas de estables a negativas en julio, introduciendo el riesgo de que Brasil pierda su grado de inversión. Fitch todavía mantiene el rating en BBB, (una categoría por encima de las otras dos agencias) y la última revisión del outlook, de estable a negativo, fue el pasado mes de abril.
La confianza de las empresas y de los consumidores brasileños, por su parte, muestra también un importante deterioro en los últimos meses, siendo la mejora de la confianza clave para que la economía vuelva a crecer en el corto plazo.