Transcurridos unos años desde que se iniciara la conocida como reforma financiera y cuyos inicios unos la sitúan en 2009 con la creación del FROB; otros en 2011 cuando se fijan nuevas exigencias de capital, con un mínimo del 8% sobre los activos considerados de riesgo (para las entidades que cotizaban en Bolsa) y del 10% para las cajas, y muchos la ubican en febrero de 2012 cuando con el gobierno Rajoy se da una nueva vuelta de tuerca en materia de provisiones, se aportan las ayudas europeas y se toman medidas que tratan de cerrar una profunda crisis producida por la existencia de activos tóxicos inmobiliarios que amenazaba con llevarse por delante a la industria, el sector financiero español parece haber encontrado una razonable senda por la que se avanza hacia la normalidad, no sin dificultad, al menos por lo que se refiere a las grandes entidades que cotizan en Bolsa y están obligadas a facilitar más información y cumplir unos plazos estrictos para ello.
Pero el sector financiero español, el supervisado desde hace un año por el BCE, no se acaba en los seis grandes -en 1988 se hablaba de los siete grandes: Central, Banesto, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular, además del público Argentaria -, sino que está formado también por los conocidos como “los siete enanitos” (Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Abanca, BMN, Liberbank y Cajamar), entidades cuya existencia cobra especial relevancia ante el proceso de consolidación o integración (antes se llamaba fusión) que se anuncia en el sector.
Así lo ha planteado el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, en el foro FT Spain Summit 2015, al insistir en la necesidad de dar una nueva vuelta de tuerca al proceso de consolidación del sector para que las entidades financieras recuperen rentabilidad, dada la escasa capacidad de algunos bancos para generar negocio en el contexto actual, lo que les obliga a repensar sus estrategias, incluida una posible fusión o integración con otro grupo financiero.
Los intentos de analizar en profundidad la situación de las siete entidades, se topa con una muy escasa información pública sobre estos bancos, cuya modestia de activos totales se refleja en la horquilla que va desde los 41.000 millones de Caja Mar hasta los 67.000 de Unicaja, cantidades muy alejadas de la que tienen los seis primeros del ranking, cuyos activos, a finales de 2014, oscilaban entre los más de 160.000 millones del Popular y los cerca de 1,3 billones del Santander.
El proceso de consolidación, integración o fusión al que está abocado el sistema financiero español en una segunda y próxima ronda, está acelerando los procesos de análisis sobre las siete entidades, por parte de posibles compradores nacionales o extranjeros, siendo un denominador común -con todas las cautelas a las que obliga la escasa información- las negativas valoraciones sobre la gestión de estas entidades, en la medida en que la recuperación de la rentabilidad se produce, básicamente, por el aumento de extraordinarios y la reducción de provisiones, si bien una cuenta de resultados no es sostenible si el crecimiento del beneficio viene por estas dos vías.
Existe un cierto consenso entre analistas y expertos en que la reestructuración o reforma bancaria ha avanzado en la dirección correcta, aunque comienza a mostrar signos de agotamiento. La necesidad de seguir con el proceso de desapalancamiento, el reducido nivel previsible de tipos de interés durante un largo tiempo y los insuficientes avances en materia de eficiencia, están impidiendo el crecimiento de los resultados típicos para impulsar, de forma sostenida, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE/return on equity) de estas entidades de tamaño mediano hasta niveles superiores al 10%, salvo excepciones.
Las siete entidades que están siendo pasto de analistas y auditores, muestran serias dificultades, aunque, por supuesto, algunas más que otras. Además, el agotamiento de la capacidad de realizar ROF, o de obtener margen de las carteras de renta fija, les dejará en breve sin una vía de ingresos importante.
Parece claro que el traspaso de créditos a Sareb ha dejado a varias de estas entidades con un stock de crédito insuficiente para sobrevivir en un mundo de bajos tipos de interés, como el que estamos y vamos a estar durante un razonable largo periodo.
Los analistas consideran que, además de intentar reforzar las cifras de negocio para compensar, en la medida de lo posible, ese efecto, todas ellas deberían tener como línea principal de actuación a corto plazo, la de bajar gastos de explotación, resultando ésta su única salida.
De los análisis realizados y conocidos se desprenden, igualmente, muchas dudas sobre los niveles de mora y de saneamiento así como de su correcta depuración. En este capítulo, los observadores convienen en señalar que la ratio de morosidad se sitúa en el entorno de la media de la banca (10%), siendo la más alta la de CajaMar con un 14% y que ha concitado exclamaciones entre algún analista -“asusta imaginar lo que puede haber ahí”- y la más baja la de Kutxabank. En el caso de Liberbank, ésta subiría a cerca del 20% si se considerasen los activos afectos al Esquema de Protección de Activos (EPA). Y eso sin contar con la suficiente información para determinar si los activos están bien provisionados, aunque los analistas son escépticos respecto al ritmo de reducción futura.
Pese a que en algunos de los informes elaborados se fija un ranking sobre las entidades que están en mejor o peor posición, se considera que todas ellas podrían ser candidatas a operaciones de integración, salvo, quizás, Kutxabank que podría quedar al margen al estar férreamente controlada por un partido político (PNV) y Cajamar por ser un Sistema Institucional de Protección (SIP) de cooperativas. (continuará)
Post-it
Sistema Institucional de Protección (SIP), es básicamente un acuerdo de colaboración en base a un convenio o, si se quiere, un mecanismo de consolidación de entidades de crédito y concebido para su mutua autoprotección. Al proceso de agrupación de varias entidades bajo un SIP se lo conoce popularmente como fusión fría.
Esquema de Protección de Activos (EPA), es un aval otorgado por el FROB a los bancos que adquieren alguna entidad financiera en problemas para cubrir potenciales pérdidas en la cartera de créditos del banco adquirido.
Return on equity (ROE) es la rentabilidad contable que obtiene el capital propio y que es el cociente entre el beneficio neto y los recursos propios. En definitiva indica la rentabilidad sobre recursos propios.
ROF.- Indica las diferencias entre el total de beneficios por operaciones financieras y las pérdidas por este tipo de operaciones.