Impuestos inventados y perpetuos a las energéticas: un deterioro país incalculable

Análisis político-económico especial del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada, para evaluar las políticas gubernamentales, las dinámicas políticas y el entorno institucional que influye en la economía española.

Se está negociando ahora mismo la conversión en permanente del impuesto a las energéticas. Un auténtico despropósito para los usuarios y los accionistas, que no sorprende a nadie, sin embargo, ante la deriva confiscatoria y populista en la que está inmersa el Ejecutivo, de una manera desaforada. A tumba abierta, sin importar las consecuencias.

En julio de 2022 se supo que el Gobierno quería gravar con un impuesto “temporal” los “beneficios extraordinarios” de las grandes compañías energéticas, así como otro a las grandes entidades financieras, justificado entonces por el esfuerzo financiero para respaldar la economía en la pandemia

El anuncio lo realizaba en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a bombo y platillo, con el que el Ejecutivo pronosticaba 7.000 millones de euros extra de recaudación en los dos próximos años. ¿La excusa? Que los beneficios les llegaban a las empresas “caídos del cielo”, ignorando por completo las altas inversiones que deben acometer las compañías energéticas, así como el grado de apalancamiento que deben gestionar y la complicada gestión de riesgos, además de una presión regulatoria insólita.

La medida es ciertamente cuestionable:

• Impone tributos de la noche a la mañana sin otra base legal que el populismo, violentando los principios constitucionales y hacendísticos e incrementando en gran medida la inseguridad jurídica, con la inevitable erosión de la entrada de capitales en la economía.
• Critica unos “beneficios caídos del cielo” por una operativa totalmente ordinaria y pasajera. Al igual que las energéticas se vieron presuntamente favorecidas por el incremento de los precios del gas y la electricidad a raíz de la Guerra de Ucrania, y los bancos por las subidas de tipos de interés, no se dijo nada cuando el precio de la electricidad, del gas o del crudo han caído con fuerza, de la misma manera que se guardó silencio los 6 años que la banca ha tenido que soportar tipos de interés negativos.
• Penaliza la facturación, un nuevo concepto tributario, no los beneficios (siendo esto algo ya más que discutible), por lo que se castiga la operativa ordinaria, de una manera que repercute en la actividad de las empresas, en la estabilidad de los puestos de trabajo y en los legítimos resultados que esperan de una buena gestión millones de accionistas
• Y, evidentemente, detrae rentas de la economía, con un castigo que resta inversiones y acaba repercutiendo de una u otra forma en los clientes.

Ahora, el Gobierno está en la fase final de negociación en el Congreso para convertir en permanente un impuesto a las energéticas que se justificó como temporal y que va a suponer un golpe para el bolsillo de todos los españoles. Muy poca gente creyó en su momento en lo extraordinario de la medida y ha sido igualmente decepcionante la falta de denuncia política. Resulta increíble ver a partidos de la oposición que se hacen llamar conservadores matizando que hay que gravar sobre beneficios, no facturación, como gran diferencia y que no hacen llamamientos a su supresión.

El PNV está apoyando la iniciativa porque lo ha concertado con el Ejecutivo al que apoya, a pesar de que la medida tendrá un efecto demoledor en dos de los grandes contribuyentes vascos: Petronor (Repsol) e Iberdrola.

Hay ciertas expectativas con la opción catalana. JxC está históricamente en contra de este tipo de medidas (no olvidemos que, aunque nacionalista, se trata de un partido de naturaleza liberal conservador). Ya ha logrado dar marcha atrás a la reforma de la normativa de alquileres en el Congreso y se sabe que tampoco es partidaria de perjudicar a los fondos de inversión, como se ha dejado caer de manera inequívoca desde la vicepresidencia del Ejecutivo. Pero también deberá manejar la eterna componenda política: vetar decisiones del socio de Gobierno parece hacer el juego a la oposición y pesan más esas variables que el bien común.

El Gobierno demuestra con la voluntad nunca disimulada de hacer permanente el impuesto a las energéticas que le importa muy poco en realidad la transición ecológica y la competitividad de España. Son conceptos que desprecia, pese a una dialéctica utilizada con ellos en repetidas ocasiones, claramente sin contenidos ni proyecto.

Pareciese haber más un componente de eventual venganza a las compañías. Sólo hay que recordar la hostilidad mostrada con el cambio de sede de Ferrovial. En este caso, Repsol, entidad que ha avisado en repetidas ocasiones que no implementará inversiones en España, o las hará en otras partes, si continúa el hostigamiento.

La cortedad de miras políticas es enorme. Este impuesto energético ataca a la línea de flotación del centro petroquímico de Tarragona. En la provincia catalana, Repsol tiene dos grandes inversiones de futuro planteadas: la Ecoplanta (800 millones de euros de inversión) y el mayor electrolizador de España en Cartagena, para producir hidrógeno renovable (150 MW de capacidad y más de 300 millones de euros de inversión).

Con el impuesto no se llevarían a cabo y no habría transición energética posible en Cataluña, una región que tiene unos enormes déficits de inversión en la materia. Si nos preguntamos cuanto pesa en la facturación del sector energético la transición a la descarbonización, podríamos llegar a la conclusión que penaliza.

JxC deberá hacer un ejercicio de responsabilidad y ver hasta dónde llegan los acuerdos políticos y el destino de la población catalana. Sin energía, no hay futuro. En caso de duda, un repaso al reciente “informe Draghi”, sería una lección para nosotros, donde el precio comparado de la energía no nos deja en el mejor lugar.

Endesa y Naturgy, a su vez, alertan que el gravamen les cuesta alrededor de 300 millones de euros a cada una, lo que genera incertidumbre sobre futuros proyectos. Iberdrola, por su parte, ha calculado un impacto de unos 200 millones de euros, lo que ha llevado a la empresa a revisar sus planes en España.

El sector energético pesa más del 20% en el Ibex 35. No es de extrañar que sea el único gran índice internacional lejos de los máximos históricos. Y la afección al Ibex 35 repercute directamente en el progreso y bienestar económico, en la ambición medioambiental de España en su conjunto y en una seguridad jurídica homologable a Europa y a las principales economías globales.

Según Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, “las empresas soportan impuestos sobre sus beneficios y costes sociales de sus empleados. Además de otras cargas indirectas, regulatorias y de transformación a la descarbonización. Penalizarlas con impuestos literalmente caídos del cielo por su facturación ordinaria no sólo es algo confiscatorio y arbitrario, es absolutamente lesivo para la economía, por cuanto ahuyenta el capital y, por tanto, las inversiones, que tanto necesita nuestro país, cuya prioridad debería de ser rebajar la factura energética”.

De esta manera, abunda Jesús Sánchez Lambás, “lo que necesita España es un modelo energético que garantice la energía barata, el suministro y una transición adecuada que sólo se logrará con inversión. Para ello, hay que facilitar la actividad a los grandes operadores, que son los que generan riqueza y los únicos capaces de desarrollar este modelo eficazmente. Imponerle impuestos a la facturación es lastrar el futuro de la economía y, por tanto, de la sociedad española”.

SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA

Institución de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.

NOTA DE INTERÉS: La información de este comunicado de prensa es un resumen de interés público proveniente de trabajos de análisis e investigación; de grupos y sesiones de trabajo de expertos y/o producción de artículos científicos del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada. Los papeles de trabajo y documentos originales y completos son de uso interno y de titularidad exclusiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.