Impuesto confiscatorio a la banca: Destructivo para el sector

El sector bancario en España no logra salir de la agonía. Ha sufrido desde febrero de 2016 tipos de interés negativos, haciendo que su negocio ordinario (tomar y prestar dinero) arrojara pérdidas de manera o, en sistémico el mejor de los casos, no fuera rentable. Ello le ha llevado a un duro ajuste, en forma de cierre de sucursales, despidos y, a su vez, fuertes protestas de una parte de la clientela por el deterioro del servicio presencial. Pero también ha sufrido quejas por el cobro de comisiones, como la única vía de ingresos regulares para la banca.

Tras la morosidad de la crisis del 2008 se vio compelido por las altas exigencias de capital del del Banco Central Europeo (BCE) y prohibición de pago de dividendo. Cuando el Euribor ha comenzado a coquetear tímidamente con la entrada en terreno positivo, y permitía vislumbrar que los bancos serían capaces de ganar dinero de manera orgánica a partir del ejercicio 2023, el Gobierno anunció un impuesto (modificado a toda prisa a “gravamen”) sobre los beneficios de las entidades financieras. Una medida para gravar los “beneficios caídos del cielo”, a pesar de que ni son extraordinarios (forman parte de su actividad ordinaria) ni han llegado aún. Cuando parecía que llegaba al final el vía crucis, arrecia un nuevo castigo.

Impuesto con piel de cordero

Según la proposición registrada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos, la intención del Ejecutivo es gravar con un 4,8% el margen de intereses a las entidades financieras que facturen más de 800 millones de euros y con un 1,2% la facturación de las energéticas. Eso es lo enunciado de momento, al menos. Habrá que ver el desarrollo. En Unidas Podemos, pese a que en el momento del anuncio aseguraron desconocer la intención de aplicar el recargo, se han aplicado a la tarea con entusiasmo. Entre otras cosas, incluyendo en la propuesta sanciones del 150% en caso de repercusión al cliente. Algunos portavoces de la formación, incluso, reclamaron que la sanción fuera penal.

El sector está expectante y desplegará los mecanismos de protección de sus accionistas. Atentos al devenir parlamentario de la evolución del pseudo impuesto/gravamen, los departamentos jurídicos ya están trabajando. En la propuesta presentada, el impuesto aparece como una “prestación patrimonial de carácter no tributario” sobre los ingresos del margen de intereses y las comisiones, para evitar, entre otras cosas la doble imposición sobre los beneficios. Sin embargo, esa figura es considerada inconstitucional de entrada por una gran parte de juristas, que sitúan la calificación entre expropiación de resultados a confiscatoria.

Las 11 entidades afectadas (CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Abanca, Cajamar, Kutxabank y la filial española de BNP Paribas) tienen un entorno más que complicado y no pueden afrontar esta inestabilidad regulatoria, jaleada desde las alas más irresponsables del Gobierno.

No son pocos los que consideran que el impuesto / gravamen no podrá implementarse, por la cantidad de cuestionamientos técnicos y jurídicos que ha suscitado. Pero si no hay marcha atrás (algo a lo que el Ejecutivo quizá se vea obligado ante el escenario recesivo que se perfila en el corto-medio plazo), la batalla legal estará planteada. Y no será pequeña.

“Nos tememos que esta propuesta finalizará dentro de unos años con una resolución del Tribunal Constitucional anulando el gravamen, y con una devolución multimillonaria a las entidades afectadas. Éstas la percibirán íntegramente con una importante plusvalía, porque si pensamos que se va a poder evitar que esos nuevos costes no se trasladen en la cadena a los consumidores finales, entonces seguramente estemos equivocados”, escribía al respecto en el diario ABC el socio en derecho fiscal de la firma legal Andersen Vicente Sanz.  

El capítulo de los beneficios empresariales parece un caballo de batalla vital para el actual Gobierno. No en vano, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, culpó a los mismos de la inflación, quien, pese a la sorpresa que causaron sus declaraciones, ha encontrado apoyo en cierta parte de la prensa no especializada. Conviene recordar, que, ante los episodios de inflación en los carburantes, el Ejecutivo concedió a finales de abril una subvención a los clientes en forma de bonificación anticrisis (20 céntimos por litro), pero no aplicó nuevos tributos.

Los expertos, evidentemente, no coinciden en absoluto con la visión gubernamental. “Se trata de un caso claro de defensa de una cosa y su contraria casi al mismo tiempo. La modificación apresurada de una imposición de un tributo sobre beneficios a un gravamen sobre ingresos pero sin disponer de recurso publico alguno, indica lo improvisado del asunto. Y culpar de la inflación a los hipotéticos beneficios extraordinarios de los bancos es grotesco. Poner en riesgo al Tesoro Publico, de verse abocado a devolver a los bancos las cantidades indebidamente exaccionadas, incrementado con los intereses al tipo legal del 3,5%, es entre irresponsable y escalofriante. ¿Quién devolverá ese dinero a los ciudadanos?”, indica Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.  

La inflación tiene origen monetario y ni los beneficios están inflados ni se generan en España. Conforme las cifras de cierre de 2021, el 70% de los beneficios del Ibex procedían del extranjero.

Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que utiliza los datos de la Central de Balances del Banco de España, los resultados empresariales no han recuperado las cifras previas a la crisis pandémica, aunque sí lo han hecho los costes laborales y los impuestos netos de subvenciones. En el anterior análisis, ya se hacía referencia a la caída del Excedente Bruto de Explotación que, respecto a 2019, era de unos 100.000 millones de euros menos a cierre de 2021. Sobre a 2020, de unos 65.000 y de casi 34.000 en 2021. Previo a la pandemia, el EBE de empresas financieras está aun claramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, con una caída del 6,2%. Resumiendo: las empresas no han alcanzado aun, ni remotamente, cifras del cierre del año 2019.

"Es fácil inferir que la variable de los resultados empresariales no pueden ser la responsable de los incrementos de los precios, sino, por el contrario, deben ser aquellas variables que sí han sido más dinámicas sobre todo los costes laborales. Así, los costes laborales unitarios explicarían hasta un 83,4% de la variación del deflactor entre 2019 y 2021, mientras que los resultados empresariales apenas explicarían el 11,7%”, afirman en el IEE. Con mención especial a los impuestos, que “explican hasta el 35% de la variación del deflactor de PIB en el ejercicio 2021".

Pero, aparte del complicado entorno sectorial, que tal vez al cliente final no le interese (aunque sí al accionista), el recargo sobre entidades financieras presionará al alza los tipos de los préstamos, aproximadamente entre 15 y 17 puntos básicos, reduciendo el volumen de crédito, según el IEE. En un 0,15% a empresas y un 1,9% a hogares. Será nocivo para los depósitos, con una disminución de rentabilidad de alrededor del 0,8%. Con la inevitable repercusión en el consumo y a la inversión. Según la misma fuente, la actividad económica, medida por el PIB, se reduciría en más del 0,08%, de entrada. Los efectos se acentuarían con el tiempo e impactaran en los mercados bursátiles, donde invierten las rentas de la clase media española.

Hay que insistir en que la banca ya tiene una fiscalidad compleja. El tipo del impuesto de sociedades que aplica al sector bancario en España es un 30%, 5 puntos porcentuales por encima del que aplica al resto de sectores (25%), solo superado en Europa por Malta (35%).

Ese tipo especial se aplicó tras los primeros rescates bancarios y se pregonó por parte de las autoridades que orientaba a devolver a la sociedad parte del esfuerzo realizado por ellos. El mismo argumento que emplea el Gobierno ahora con el nuevo tributo. También se realizó para que mantuvieran e incluso ampliaran sus créditos fiscales.

Los dos grandes bancos españoles soportan una mayor carga fiscal que sus competidores europeos. En concreto, la carga fiscal del Grupo Santander en 2021 se situó en el 34% (la mayor de los bancos comparables en Europa y EEUU), mientras que la de BBVA se situó en el 27%. Ambas muy superiores al promedio pagado por los bancos de la eurozona (27%), Reino Unido (20%) y Estados Unidos (16%), lo que nos coloca en una situación inferioridad para competir

Europa exige la repercusión… o también sancionará

Pero ese momento ya ha pasado. La realidad es que las sociedades financieras pagan más que otras que sí están bonificadas, como las tecnológicas, con sólo un 10% de impuesto. En el colmo del desconcierto, por un lado, surgen voces políticas que aseguran que sancionarán a los bancos que repercutan cualquier tipo de impuesto a la clientela, pero desde la autoridad bancaria europea (EBA, por sus siglas en inglés), se dice lo contrario. Conforme a una Directiva que entró en vigor el 30 de junio de 2021, la banca está obligada a trasladar a la clientela todos los costes pertinentes y se reflejarán en los precios de sus préstamos. Incluidas “las consideraciones tributarias, cuando procedan”.

En el caso de incumplimiento, la EBA puede sancionar a las entidades financieras con requerimientos adicionales de capital o también de coeficientes de liquidez, así como sanciones puras y duras. Es decir, los bancos se verían obligados a provisionar. Una vez más. Al menos, en esta ocasión, no se habla de sanciones penales.

Desde luego, en el banco central con sede en Frankfurt no contemplan complacidos a un sector financiero al que según el Ejecutivo le llueven los beneficios. Al contrario que el Gobierno, en meses recientes, en las conversaciones habituales entre el BCE y las cúpulas de las principales entidades europeas (incluidas las españolas) el mensaje trasladado ha sido el de un final de ejercicio complicado y un inicio de 2023 todavía más incierto. Se descartan rebajas en las exigencias de capital y, por el contrario, no sería extraño que aparecieran limitaciones o incluso prohibiciones a los dividendos.

Un asunto que, casi como anécdota, afectaría de lleno al estado español, que no en vano es el principal accionista de CaixaBank (aparte de la propia Fundación La Caixa), a través del FROB (del que tiene el 18% aproximadamente), y del que cobra dividendo. Presionar a los bancos va directamente contra la inversión de España en CaixaBank. Pequeño detalle.

En cualquier caso, la irrupción de nueva carga fiscal la UE y el BCE obligan a los bancos a repercutir a la clientela, mientras desde el Ejecutivo se anuncian sanciones que pueden llegar a ser penales es, más allá de injusta o confiscatoria, puramente desquiciante para el sector. Destructiva.

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