Impuesto confiscatorio a la banca: Destructivo para España

El pasado martes 12 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa en el Debate sobre el estado de la Nación la creación de una especie de gravamen sobre los bancos y empresas energéticas. La medida constituyó un golpe de efecto, por cuanto no se había filtrado en ningún medio de comunicación y ni siquiera la conocían sus socios de coalición. Una decisión absolutamente personalista, que muchas fuentes políticas achacan a la caída en picado en las encuestas buscando el aplauso populista de las clases más bajas. El castigo fiscal llegaba para bancos con más de 800 millones de euros de ingresos y energéticas con más de 1.000 millones de facturación, con lo que pretende dotarse de un carácter ejemplarizante: los ricos, que paguen más.

El supuesto de legitimación está basado en la elevada tasa de inflación actual, que favorece a determinados sectores, como los dos aludidos, inyectándoles “beneficios caídos del cielo”. Para reforzar esa discutible tesis, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, culpó casi en el acto a los beneficios empresariales como causantes de la presión sobre los precios. Una afirmación que generó, estupor entre los profesionales especializados.

En ningún momento se hizo alusión a las políticas monetarias mega expansivas del Banco Central Europeo (BCE), con inyecciones de liquidez y compras masivas de deuda pública a lo largo de muchos años, que han llevado la ratio Deuda / PIB a máximos inéditos del 120%.

El propio diario Cinco Días, de ideología socialdemócrata y afín al Gobierno, reconocía que el impuesto a la banca fue la medida “que más sorprendió” de todas las anunciadas ese día. Con una duración de dos años (ejercicios 2023 y 2024), el objetivo declarado es recaudar en torno a los 1.500 millones de euros adicionales cada periodo.

Pedro Sánchez pedía “compromiso social” a las grandes corporaciones y afirmaba que esta medida evitaría engordar las cuentas de resultados de las empresas y los sueldos de los directivos, revirtiendo el beneficio en la sociedad. Cuestión más que discutible. Ante las primeras contestaciones empresariales, la respuesta del Ejecutivo fue “si Ana Botín o Ignacio Sánchez Galán están enfadados, es que vamos por la buena dirección”.

Una dirección que será negativa para el conjunto de la economía española, no sólo para los dos sectores afectados. Según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la medida acarreará 72.000 empleos destruidos en banca y energía, de los cuales 35.000 procederán de los primeros, (un 48%) y el resto lo sufrirán las plantillas de eléctricas, gasistas y petroleras.

Un desastre en toda regla, ya que se trata de empleos estables. Las grandes corporaciones no ofrecen trabajo de forma precaria. Pagan sueldos razonables, con beneficios sociales y los trabajadores gozan de fuerte representación sindical. Constituyen vestigios de lo que fue considerado “empleo de calidad”, hace ya algún tiempo, que, probablemente, no va a volver a medio plazo.

Asimismo, el IEE considera que incrementar impuestos a la banca es una medida “ineficaz e ineficiente” que no ayuda a controlar la inflación. Además, la irrupción sorpresiva de impuestos es una muestra de presión regulatoria que impacta de manera negativa en la ‘percepción país’ para inversores extranjeros. Es un parámetro que caracteriza la inseguridad jurídica, reflejado en el incremento de prima de riesgo de 20 puntos básicos nada más conocerse la noticia. En lo que va de año, se ha ensanchado casi 50 puntos básicos, hasta rondar los 120 puntos de diferencial con Alemania.

Hay que recordar que la prima de riesgo no tiene por qué aumentar si suben los tipos de interés, como ocurrió el pasado 21 de julio, cuando el BCE incrementó por primera vez en 11 años el tipo oficial del dinero, desde el 0,25% al 0,75%. Una subida algo superior a la prevista, precisamente, para contener la inflación.

La prima de riesgo mide la diferencia de rentabilidad entre el bono de referencia español y el alemán. Es el principal indicador para comprobar la percepción del mercado sobre la solvencia de España. Ha empeorado en 45 puntos en 2022. La tendencia parece sostenida, y no va a parar.

La histórica mala percepción sobre la seguridad jurídica fiscal en España se refleja no sólo en el aumento de la prima de riesgo, sino, evidentemente, también en el coste del capital del sector privado. A las empresas les va a costar más dinero financiarse en los mercados de capitales. Sean del sector que sean. Ninguna empresa logra captar dinero de los inversores a un interés más bajo del estado soberano. Los inversores dudarán a la hora de tomar posiciones en activos de un sector cuyo regulador anuncia impuestos, o algo muy parecido, por sorpresa. La financiación privada se retrae severamente.

Todo ello, es un escenario a corto y medio plazo nada halagüeño para las economías internacionales. “El anuncio de tributos o gravámenes como golpes de efectos supone una práctica arbitraria y dañina, y mucho más en momentos como los actuales, en los que hay riesgo elevado de recesión”, indica Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

Este tipo de gravámenes sorpresivos, lejos de cualquier debate social y parlamentario supone, por tanto, una destrucción de riqueza muy superior a la presumible recaudación que generará, incluso aunque se lograran los ambiciosos objetivos de recaudación anunciados por el Gobierno, sin base científica; y que el propio IEE considera “exagerados”. Sólo hay que remitirse a los fiascos de la «tasa Tobin» y los impuestos sobre determinados servicios digitales.

Mientras las cifras de PIB sobre España se revisan a la baja, la recaudación fiscal está en máximos históricos. El principal beneficiado del proceso inflacionario es el estado, no las empresas y los falsos “beneficios caídos del cielo”. La recaudación, en términos de PIB, se ha incrementado desde el 39,3%, en 2019, hasta el 41% a finales de 2021, es decir, un aumento de la presión fiscal de casi dos puntos. Para explicarlo a profanos: el sector público succiona más del 40% de la economía española. Y eso, antes de anunciar los citados nuevos gravámenes.

Hacienda ingresó en los seis primeros meses del año un 18,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Tal cosa que no puede decirse de los beneficios empresariales. El Excedente Bruto de Explotación (EBE) de las empresas sigue en un 6,1% por debajo de las cifras prepandemia.

El sufrimiento del tejido empresarial se refleja de manera inevitable en las cifras globales, como no puede ser de otra manera con semejante presión fiscal, que lastra el crecimiento. Así las estimaciones de PIB de España han sido dramáticamente recortadas en los últimos tiempos por todas las instituciones relevantes. En abril, el ministerio de Economía rebajó casi a la mitad la expectativa de un 7%, hasta el 4,7%. Un auténtico hachazo que hacía trizas las expectativas oficiales. Y no será el último…

Por citar otras dos fuentes, el FMI y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) también rebajaron sus previsiones económicas sobre España. El FMI lo hizo en 8 décimas porcentuales, hasta el 4%, mientras que la AIREF lo hacía en tres décimas, hasta el 4,2%. Para 2023, sus previsiones son más negativas. Tanto, que el propio Ejecutivo, las ha retocado ligeramente a la baja, en 8 décimas, hasta el 2,7%, culpando a las tensiones internacionales. Más castigo fiscal a la economía castigará a las fuerzas productivas.

Por último, es preciso recordar que el artículo 31.1 de la Constitución Española establece que el sistema tributario será “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Veremos la decisión de los Tribunales españoles y, seguramente del Europeo, que difícilmente podrán avalar estas decisiones.

El caso de la banca es más llamativo. La industria financiera ha sufrido años de tipos de interés negativos, que han causado que el negocio ordinario fuera siempre deficitario. Una vez llega una cierta normalización, que en ningún caso aflorará antes de un ejercicio a las cuentas de resultados, de inmediato aparece ese gravamen sobre la moderada normalización. No se trata de beneficios extraordinarios, sino de recuperación del negocio recurrente.

Por tanto, será inevitable que se produzcan recursos en los tribunales de justicia. Las empresas afectadas tienen potentes departamentos jurídicos, gran experiencia y un conocimiento exhaustivo de su sector, del que parece adolecer el Ejecutivo. La anulación total o parcial de los impuestos, ya sea por motivos de retroactividad, de vulneración de la capacidad económica o, incluso, formales, tendrán un coste añadido para los contribuyentes españoles en el medio plazo, que se sumarían a los efectos nocivos para la inversión ya reseñados.

Pero, como ha ocurrido otras veces en política, “cuando eso ocurra, yo ya no estaré”.

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