Con independencia de la fuerte contestación que merecieron los datos ofrecidos por la alcaldesa Carmena en su intervención en el Foro Smartcity, en relación con la malnutrición infantil, según los cuales más de 25.000 niños de Madrid estarían dentro del indicador Arope (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) o ERPE (Personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) otros aspectos de su disertación resultaron especialmente relevantes, en la medida en que suponían un reconocimiento formal de que lo público no funciona con el grado de eficacia deseable, lo cual hace que “los defensores de lo público, suframos”.
El siempre de agradecer examen de conciencia, acto de contrición y espíritu de enmienda de la política, vino cuando en su intervención abordó el problema del desempleo y recordó cómo el ayuntamiento de Madrid cuenta con ocho agencias de empleo cuyas ratios de eficacia vienen reflejadas por el hecho de que una agencia pública de colocación consigue 1.000 empleos/año con 110 agentes, mientras una privada con cinco agentes alcanza los 9.000 contratos de trabajo/año.
Así las cosas, no sorprende que exista una “estructura de perjuicio” y que los ciudadanos a la hora de buscar trabajo desconfíen de las agencias públicas que, en opinión de Carmena, tienen que cuestionarse su actividad.
La más que razonable alcaldesa de Madrid, continuando con su personal cuestionamiento de la función pública, hizo referencia a una reciente experiencia cuando se acercó al puesto de información turística que el ayuntamiento tiene en su sede de Cibeles y, tras identificarse, preguntó a la persona situada al otro lado del mostrador que le dijera como “vendía” Madrid a quienes se acercaban al chiringuito. La alcaldesa se sintió “tan mal” por la pobre información que se le facilitó que se cuestionó como era posible que fuéramos capaces de tan pobre manejo de la información.