El ambiente político anda revuelto en España y ello se detecta por el grado de incertidumbre que parece haberse instalado en un escenario salpicado de protagonistas y actividades, sobre cuyas intenciones futuras existen dudas más que razonables.
Pese a que se tiende a considera que la incertidumbre política suele estar generada básicamente por factores que proceden del extrarradio de la estructura legitima del Estado, lo cierto es que en países estables y democráticos lo razonable es que el riesgo legal-gubernamental, al que tanto temen los mercados, sea consecuencia del propio proceso político democrático, que puede conducir a cambios de gobierno y nuevas políticas, cuyo resultados pocos se atreven a evaluar. Es el llamado riesgo político sobre el que los mercados internacionales tienen una gran capacidad para detectarlo y cuyas consecuencias son todo menos positivas para el normal desarrollo de la economía española.
Aunque difícil de definir, el riesgo político podría concretarse en la probabilidad de que las fuerzas políticas generen cambios radicales en el entorno de negocios de un país y que afecten a la estabilidad de las empresas y de las inversiones.
Habrá que convenir que en España existen sobrados motivos, tras la decisión del Parlamento de Cataluña de situarse fuera de la Ley al proclamar el inicio del proceso hacia la independencia, que abogan por desobedecer a las instituciones españolas -Tribunal Constitucional incluido- para que el riesgo político no solo aparezca en rojo en las agendas de los inversores internacionales, sino para que la economía española empiece a sentir los efectos negativos, en un momento especialmente convulso, para quienes observan desde fuera la evolución española.
Si en condiciones normales los elementos a tener en cuenta por analistas y sociedades de rating para medir el riesgo país giraban en torno al crecimiento del PIB, déficit público, endeudamiento, consumo interior y otras variables macroeconómicas, de un tiempo a esta parte ha empezado a cotizar el riesgo político, un tótum revolútum en donde los propios analistas no se ponen de acuerdo sobre si pesa más el proceso catalán, la irrupción de una fuerza política como Podemos o la posibilidad de que se eche abajo el delicado equilibrio conseguido por las consideradas tímidas reformas emprendidas por el gobierno de Rajoy.
El último invitado en dar un serio aviso en este sentido ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que, tras revisar al alza el crecimiento económico para este año en España, ve “riesgos a la baja” en este escenario derivado de la “posible incertidumbre política y sus efectos sobre la agenda nacional de reformas”. Verde y con asas.
Para quienes consideren que todo esto no deja de ser una forma de presión del gran capital sobre la soberanía nacional de un país, dos datos a tener en consideración.
El primero, la evolución de la cotización de la Bolsa española y su comparación con la italiana, mercado bursátil con el que históricamente se ha comparado. A 10 de noviembre, el Ibex 35 había subido un pírrico 0,4% anual, mientras que la bolsa de Milán lo había hecho en un 16,3%.
Algo similar ha ocurrido con la evolución de la prima de riesgo en lo que va de año, ya que mientras a 10 de noviembre la prima de riesgo española frente a Alemania se situaba en 126 con un descenso de 4 puntos en lo que llevamos de año, la italiana se situaba en 108 como consecuencia de una reducción de 44 puntos desde principios de 2015.