El legado económico de Rajoy

Resulta inevitable. A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales, los partidos se afanan en descalificar al de enfrente, conscientes de que el todo vale está más vigente que nunca y, como es lógico, la peor parte se la lleva el partido con responsabilidades de gobierno ya que se supone es el culpable de todo tipo de desafueros y perversiones, que para eso lleva cuatro años firmando en el BOE.

Uno de los asuntos más controvertidos gira en torno a los supuestos logros que en materia económica se apunta, de forma sistemática y reiterativa, el presidente del gobierno y que solo es equiparable a la continua y también reiterativa negación de tales éxitos por parte de los partidos de la oposición.

El debate se enriquece, aun más, dado que lo que se analiza es el resultado de las medidas adoptadas para luchar contra una de las perores crisis económicas que ha conocido España en concreto y Occidente en general.

Aunque resulta difícil aligerar de contenido ideológico cualquier análisis macroeconómico que se realice, sí se puede acometer una aproximación razonablemente equilibrada a la situación económica por la que atraviesa España en estos momentos preelectorales y que, para bien o para mal, hay que apuntárselo en el haber y en el debe del gobierno presidido por Rajoy, convirtiéndose así en una especie de herencia que el gobierno del Partido Popular dejará a quien le sustituya tras el 20 D.

Y como suele ocurrir ante un proceso electoral de la relevancia del español, la lista de riesgos aparecen de forma nítida para los analistas: entorno político (cambio en las prioridades de política económica, en la agenda reformista), desaceleración del área euro e inestabilidad financiera, fundamentalmente procedente de Grecia.

El primer dato a tener en consideración es que la economía crece a un ritmo algo superior al 3% (3,2% en 2015 y 2,9% en 2016)- apoyada en factores externos (petróleo, condiciones financieras y tipo de cambio) e internos (política fiscal, empleo, baja inflación e impulso de las reformas).

Esta recuperación de la economía española, en opinión de los analistas, está bien diversificada, apoyada en la demanda interna y las exportaciones, manteniéndose una buena relación entre el equilibrio interno y el equilibrio externo: el desempleo se reduce mientras que el superávit corriente ha mejorado (1,5% del PIB acumulado a 12 meses hasta julio frente al 0,8% del PIB en diciembre de 2004). Si bien la caída del precio del petróleo ha sido clave (el déficit por energía se ha reducido en 0,8 puntos del PIB este año), el dinamismo de las exportaciones hace que el déficit comercial se comporte mejor que en otros periodos de ciclos expansivos.

Dicho esto, cabe enfatizar que aunque las tasas más altas de crecimiento del PIB en este ciclo han quedado atrás, España seguirá siendo uno de los países de mayor crecimiento del área euro debido a factores de impulso a corto plazo como las ganancias de competitividad; el descenso del coste de financiación; la bajada del IRPF; la demanda externa y la caída del precio del crudo.

Bajo estas premisas, se espera una moderación gradual del crecimiento del PIB. No obstante, el PIB per cápita de España está un 6% por debajo de la media de la UE (en 2007 era superior), diferencia que los analistas de referencia consideran que está relacionado con el output gap y cuyo cierre progresivo podría concluir hacia 2018, aunque para ello deberían seguir las reformas, con el fin de aumentar el crecimiento potencial (inferior al 2 %).

Por lo que respecta al empleo, éste crece a buen ritmo, aunque existe consenso en que se moderará en consonancia con el ciclo económico. La tasa de paro seguirá reduciéndose, tendiendo hacia el 16% en 2018 (tasa de paro estructural). La calidad del empleo sigue siendo un reto, como lo demuestra que la tasa de temporalidad ha vuelto a subir con la expansión económica (26% del empleo asalariado, la tasa más elevada desde el año 2008).

El actual ciclo económico permitirá bajar la tasa de paro hacia el 16% en 2018 (21,2% actual), debido al aumento del empleo en 4 puntos y por un cierto descenso de la población activa en 1,2 puntos, lo que situaría el paro estructural en el entorno del 16% muy por encima del 9% que tiene la Eurozona, convirtiéndose en otro de los retos de cualquier política económica de futuro a abordar en épocas de expansión mediante reformas que permitan mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo a través de la simplificación de contratos; la implantación de políticas activas de empleo que favorezcan la empleabilidad de los trabajadores; la reducción de la judicialización de los conflictos laborales o la promoción de la negociación salarial en el ámbito empresarial, para alinear los aumentos salariales con los incrementos de productividad, teniendo en cuenta que la sensibilidad del empleo al PIB no ha variado, es más, el cambio de modelo de crecimiento, menos apoyado en construcción (muy intensivo en trabajo) y más en sector exterior (cuya productividad es más elevada), debería suponer que el crecimiento del PIB supere al del empleo (esto es, que haya incrementos de productividad). Y todo ello sin olvidar que hay que abordar problemas pendientes como la excesiva temporalidad, el paro de larga duración y el desempleo juvenil.

En lo que al capítulo de inflación se refiere, ésta es positiva cuando se elimina la energía: en septiembre fue del -0,9% interanual y del 1% excluyendo energía, siendo la tendencia ligeramente al alza en los componentes que reciben más demanda, como es el caso del turismo.

Así, la inflación está por debajo de la zona euro, tanto en crecimiento del IPC como en los costes laborales unitarios, prolongando las mejoras de la competitividad exterior.

Por el lado de la oferta, hay que tener en cuenta que el crecimiento salarial medio, pactado hasta septiembre, fue del 0,8%, inferior al 1% establecido como límite máximo en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2015, mientras los costes salariales por hora efectiva de trabajo aumentaron un 0,2% en el segundo trimestre de este año frente al 0,8% del área euro.

La moderación salarial registrada desde la reforma laboral de 2012, ha supuesto una ganancia acumulada de competitividad-coste respecto a la Unión Económico y Monetaria (UEM) del 5,0% anual, mientras que la productividad sólo ha supuesto un 0,1% anual.

En materia de política fiscal, el ciclo ha permitido mejorar las cuentas del Estado, como se desprende del hecho de que los gastos financieros serán menores de lo presupuestado y de que el aumento de la recaudación impositiva y reducción del gasto por desempleo será mayor de lo previsto. Este margen se ha destinado a bajar impuestos y el Estado cumplirá su objetivo (-2,9% del PIB), dando un efecto expansivo a la política fiscal.

Sin embargo, otras administraciones públicas se están desviando de sus objetivos. Así, en la Seguridad Social los ingresos por cotizaciones sociales crecen por debajo del número de afiliados; mientras las Comunidades Autónomas sobrevaloraron la evolución de los tributos propios y el déficit hasta mayo era ya del 69% del objetivo de todo el año.

El déficit público, por su parte, bajará en 2015, pero quizás no tanto como se preveía (previsión -4,5% del PIB). La desviación es limitada, pero puede ser preciso revisar los objetivos de los siguientes años y/o adoptar nuevas medidas.

El desendeudamiento y la revisión de objetivos desagregados, se convierten en retos a tener en cuenta y aunque la deuda pública/PIB está controlada, habiéndose alcanzado el máximo en 2015 (99% del PIB), el alto endeudamiento del sector público limitará el margen de actualización de la política fiscal permanentemente, considerándose conveniente ser ambiciosos con los objetivos fiscales en etapas expansivas, como la actual, e incluso sería deseable entrar en superávit.

La Seguridad Social y las CCAA plantean retos específicos que requieren respuesta desde el ámbito político, como pueden ser la suficiencia de ingresos para atender los gastos que tienen asignados o la redefinición de objetivos, sobre todo en el caso de las CCAA.

El superávit por cuenta corriente aumenta en 2015 por la buena evolución del turismo, la reducción del déficit de energía y un descenso del déficit por rentas primarias y secundarias, como consecuencia de la bajada de tipos de interés, aunque, mientras las exportaciones siguen aumentado su peso en el PIB, la alta penetración de importaciones constituye un riesgo para el mantenimiento de este superávit exterior.

Tras años de crisis económica y financiera, aumenta, por fin, el ahorro bruto de la economía, ilustrativo de que el ciclo expansivo conserva un buen equilibrio entre capacidad de generación de rentas y gasto corriente: las familias están aumentado el consumo en concordancia con la mejora de su renta; el sector público controla su gasto corriente; las empresas mejoran su generación de recursos internos. Como resultado, el ahorro bruto de la economía está aumentando.

Por su parte, la inversión sube de forma selectiva: mejora en empresas, sube levemente en las familias, se mantiene estable en el sector público y la economía aumenta su capacidad de financiación frente al exterior (2% del PIB en el segundo trimestre), no pudiéndose olvidar que la deuda neta acumulada frente al exterior sigue siendo muy elevada (93% del PIB), lo que seguirá siendo un elemento de vulnerabilidad.

Unos de los graves problemas con los que se ha enfrentado la economía española ha sido el grado de apalancamiento de su sector privado, algo que va solucionándose como lo demuestra el hecho de que familias y empresas no financieras han desapalancado el equivalente a 42 puntos del PIB situándose en el 175%. Las familias representan casi un tercio de ese desapalancamiento, aunque está siendo más rápido el proceso en las empresas.

El sector exterior está jugando un papel fundamental en el actual ciclo expansivo de la economía española, lo que queda reflejado por el hecho de que la inversión directa en el exterior por parte de empresas españolas ha aumentado un 44% hasta julio con respecto al pasado año y va camino de marcar máximos desde 2007 o por el dato de que las exportaciones en volumen estén subiendo a un apreciable ritmo de 5,5% interanual.

Post-it

Output gap / Potencial de crecimiento.- Mide el nivel de producción máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y tecnología existentes, sin provocar presiones inflacionistas. El PIB observado suele diferir del potencial y a la diferencia entre ambos se le denomina en la jerga de los economistas como output gap. En las fases expansivas, la actividad económica se mantiene durante un periodo de tiempo por encima de su potencial, generándose un output gap positivo, asociado con presiones inflacionistas. En las recesiones, ocurre lo contrario: la actividad económica cae por debajo de su nivel potencial y el output gap es negativo, caracterizando a periodos de ajuste en la actividad que generan tensiones a la baja sobre la inflación.

Fuente: Tendencias del Dinero