El gobierno que viene lo tendrá difícil con Bruselas
Análisis, 03 de febrero de 2016
Desde hace unos meses, la Comisión Europea (CE) viene advirtiendo a España sobre un seguro incumplimiento sobre los objetivos de déficit público en 2015 y en 2016, diagnóstico en el que coinciden numerosos analistas y que rechaza, entre otros, Luis de Guindos.
El ejecutivo comunitario calcula que la brecha entre ingresos y gastos superará en cinco décimas la previsión del gobierno para 2015 (4,7% frente al 4,2%) y en ocho décimas la de 2016 (3,6% frente al 2,8%), a la vez que espera que el futuro gobierno adopte medidas adicionales para corregir esa desviación, algo que no parece vaya a ser ni posible ni probable, tanto si hay gobierno de gran coalición como si el gobierno es del PSOE con Podemos o cualquier otra alternativa.
El déficit público, excluyendo a las Corporaciones Locales, se ha situado en los primeros once meses de 2015 en el 3,87% del PIB, frente al 4,54% de un año antes. Según datos del Ministerio de Hacienda, el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social ha sido de 41.806 millones de euros, lo que supone un retroceso del 11,5% respecto a un año antes (un 0,67% puntos del PIB). En concreto, el gobierno calcula para el conjunto de 2015 un déficit del Estado del 2,9% del PIB, del 0,6% para la Seguridad Social y del 0,7% para el conjunto de las comunidades autónomas, aunque el déficit de éstas en los once primeros meses fue del 1,31% del PIB.
Consciente de la desviación, la CE recomienda a España ajustes fiscales estructurales ante un endeudamiento público que supera el 100% del PIB y que no dejará de subir hasta 2017, a la vez que alerta a España de los “riesgos políticos” ante las dificultades para formar gobierno. A Bruselas le gusta la “estabilidad”, aunque los políticos españoles están, por ahora, centrados en otros menesteres.
Ese es el panorama que se va a encontrar el nuevo gobierno y no puede esperar comprensión en materia de déficit público por parte del Eurogrupo, cuyo presidente, Dijsselbloem, parece estar dispuesto a abrir la mano solo ante dos fenómenos sobrevenidos: la ola de refugiados y el recrudecimiento de la amenaza terrorista. Ninguno de los dos afecta a España por el momento, así que con Podemos o sin él, el próximo gobierno tiene una tarea nada fácil; o reajusta el presupuesto de 2015, aumentando los ingresos fiscales y recortando el gasto público o trata de negociar con la Comisión mayor flexibilidad, algo de lo que España ya se ha beneficiado con anterioridad.
