La venta de la compañía O2 por parte de la española Telefónica a la hongkonesa Hutchinson, sigue en el aire y la Comisión Europea (CE), responsable última del desenlace final de la operación, sigue jugando el papel del perro del hortelano, presionada por las autoridades británicas, y manteniendo la operación de venta en una permanente indefinición, un año después de que las empresas concernidas llegaran a un acuerdo.
Tras retrasar hasta el 19 de mayo el desenlace final, nada le parece suficiente al regulador comunitario y ello hace que su papel conocido no sea ni el de un rechazo de plano, ni una aprobación total, pese a que Hutchinson está ofreciendo todo tipo de alternativas; la última, la venta de una participación en Three a un nuevo inversor, con lo que se espera ablandar la rígida posición de la CE que, al día de hoy, parece apostar por autorizar la compra, aunque con unas condiciones draconianas que incluirían importantes desinversiones y que podrían llevar a Hutchison, bien a renegociar el precio de compra pactado (unos 14.000 millones de euros) o a desistir de la compra de ciertos activos.
Todo sea por ampliar la competencia en el Reino Unido en materia de telecomunicaciones, sin tener en cuenta que si existe un problema de excesiva concentración del espectro en Reino Unido, éste es consecuencia de la fusión entre British Telecom (BT) y Everything Everywhere (EE) (T-Mobile & Orange). Por el contrario, la cuota del espectro resultante de la combinación de O2 y H3G sería similar a la que actualmente tiene Vodafone y la mitad de la que tiene BT y EE.
El asunto tiene especial trascendencia para Telefónica, que tiene puestas sus esperanzas en un cierre de la operación exitosa para reducir el elevado endeudamiento de la compañía, y efectuar el pago de los dividendos comprometidos, sin lo cual, la consecuencia más preocupante sería la rebaja de rating de la compañía española que implicaría un aumento de su coste de financiación.