Uno de los impactos más negativos que está teniendo la pandemia de la Covid-19 es el incremento exponencial de impagos en los servicios comunes que multitud de familias tenían contratados, provocados por las situaciones de pérdida de empleo, ERTE’s y reducción de la actividad económica. Hay en estos momentos millones de facturas de consumo de electricidad, telecomunicaciones, energía, agua, seguros, comunidades, servicios de vigilancia y seguridad, de centros de enseñanza, de gimnasios y de otros muchos pequeños negocios en situación de impago o de aplazamiento.
Sólo en el sector de telecomunicaciones las propias empresas estiman que hay medio millón de facturas en esa situación. Las compañías eléctricas han provisionado cerca de 400 millones de euros para afrontar los impagos de sus clientes. Fuera del ámbito doméstico, lo que supone actividad económica ordinaria, hay ya cerca de 800.000 empresas que no pueden hacer frente a sus pagos habituales. La morosidad puede convertirse en sistemática en el tejido empresarial, con consecuencias nefastas.
Aunque tanto en la esfera doméstica como en la empresarial hay medidas para intentar contrarrestar esta situación, el hecho es que detrás de cada impago hay una factura emitida por la empresa prestadora del servicio en la que se ha incluido el correspondiente porcentaje de IVA y una declaración y consiguiente pago ante la Agencia Tributaria del impuesto, importe que por tanto se anticipa por las compañías al Estado con independencia de que finalmente el cliente pague o no la factura. Hacienda ha ampliado en ciertos casos los plazos para la realización de las correspondientes declaraciones y es evidente que una parte de esas facturas sólo están en fase de retraso en el pago; pero lo cierto en que un alto porcentaje de ellas van a quedar impagas definitivamente.
Y ahí empieza el calvario de las empresas y autónomos por recuperar ese IVA de facturas no cobradas, siguiendo al pie de la letra lo que señala el artículo 80.4 de la actual Ley del IVA. Un procedimiento costoso, farragoso y muy dilatado en el tiempo, con esperas de 15 meses, sólo para facturas para empresas y que imposibilita directamente el cobro en el caso de facturas a particulares por importe inferior a 300 euros, algo especialmente dañino en el caso de las PYMES y que de acuerdo con el Tribunal Europeo de Justicia (sentencia Enzo di Maura) es contrario a derecho comunitario en tanto que imposibilita directamente (no limita, sino que hace imposible) la recuperación del IVA en este supuesto. Un procedimiento, además, muchas veces ligado a situaciones concursales que se eternizan en el tiempo y que contraviene también los expuesto por la jurisprudencia del Tribunal de la UE que ya ha dictaminado que “un Estado miembro no puede supeditar la reducción de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido al carácter infructuoso de un procedimiento concursal cuando dicho procedimiento puede durar más de diez años”.
Un grupo de expertos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha analizado toda esta situación y ha llegado a la conclusión de que es ineludible un cambio radical en el procedimiento de recuperación del IVA repercutido en facturas no cobradas. Hay que aprovechar el problema actual de crecimiento de la morosidad y de incremento de los impagos en un entorno de situación excepcional que anima a promover cambios para abordar esta cuestión con perspectiva de futuro. ¿Sobre qué bases? Los expertos del Instituto recomiendan reservar los procedimientos judiciales o el recurso a la fe notarial en casos excepcionales; ampliar el modelo de recuperación sin límite de cuantía (el requisito más gravoso) a todas las facturas, sean emitidas a empresas o particulares.
El análisis del Instituto Coordenadas corrobora que en buena medida esta petición se ha incluido en el catálogo de medidas que las organizaciones empresariales proponen para recuperar la actividad post pandemia y que en ese marco se puede establecer un diálogo eficaz para establecer pautas de entendimiento con la Hacienda Pública para resolver esta cuestión. Es absurdo, señala el análisis que hace el Instituto Coordenadas, que esa Hacienda Pública se quede con millones de euros procedentes de un impuesto sobre actividades que no se han llevado a cabo, trasladando el coste a las empresas para las cuales el IVA, de acuerdo con lo establecido tanto en la Directiva de IVA como en nuestra propia Ley interna, debería ser completamente neutro y no penalizar el resultado. Jesús Sánchez Lambás, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, asegura que “estamos ante una oportunidad de oro para reformar una cuestión que lo está pidiendo a gritos desde hace años. Hay que devolver ese dinero a las empresas que lo han adelantado. La Hacienda Pública no puede ser cómplice de la morosidad y del ahogo financiero de las empresas. Simplemente por mantener unos procedimientos arcaicos”.
SOBRE EL INSTITUTO COORDENADAS DE GOBERNANZA Y ECONOMIA APLICADA
Instituto de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precendentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.
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