Manipular las cuentas de una entidad bancaria, que a la postre tuvo que ser intervenida por el Banco de España y cuyo saneamientos requirió 5.275 millones de euros de los 9.000 millones que el gobierno puso a su disposición, cuesta dos años de cárcel, la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena y pagar una multa que no llega a los 30.000 euros. Y para ello, la Audiencia Nacional ha necesitado seis años.
Los condenados, el expresidente de la caja Castilla-La Mancha Hernández Moltó, significado miembro del PSOE famoso por un arrogante rifirrafe con el que fuera gobernador del Banco de España, Rubio, y el exdirector general, Ortega, quienes fueron absueltos del delito de administración fraudulenta. Inicialmente, las denuncias que se presentaron lo fueron por presuntos delitos societarios, insolvencia punible, estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y como cooperador necesario de blanqueo y evasión de capitales. Al final, el juez se quedó con dos solamente a pesar del fallido aeropuerto de Ciudad Real.
Sin ánimo de escandalizar, contrasta la sentencia contra estos dos gestores de caja de ahorros con otras que con frecuencia emanan de los tribunales de justicia españoles.
A modo de ejemplo:
- Condena de nueve meses de prisión a un senegalés de 37 años por allanar un corral de la localidad de Vícar y matar una gallina con una navaja, con la intención de comérsela y supuestamente apuntar con ella -la navaja- al legítimo propietario de la gallina.
- Pena de seis meses por robar una bicicleta en Sevilla en 2008.
- Condena de la Audiencia Provincial de Castellón de un año de prisión a dos hombres por sustraer un pollo vivo cada uno, lo que a juicio del tribunal supone un «delito de robo con fuerza».
- Condena de 22 años al asaltante de la casa del extesorero del Partido Popular, Bárcenas, para cuyo proceso no se necesitó más de seis meses.
Post-it
El sábado 28 de marzo de 2009, el Banco de España tomó la decisión de intervenir Caja Castilla-La Mancha una vez comprobada la falta de liquidez que padecía la entidad y que la impedía hacer frente a futuros compromisos de pagos.
La falta de liquidez, como ocurrió en otras cajas de ahorro, se debió a una más que deficiente gestión y fundamentalmente era consecuencia de las inversiones en el sector de la construcción y la profunda crisis inmobiliaria española que reventó en 2008.
En septiembre de 2010, Cajastur se hizo con el control definitivo del negocio financiero de Caja Castilla-La Mancha adquirida años antes por la entidad a través de la ficha del Banco Liberta.