Agencia Catalana del agua: la millonaria empresa pública de la Generalitat que no hizo los deberes para atajar la sequía y que ahora sufrimos

La Agencia Catalana del Agua (ACA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya y responsable de la planificación y gestión del ciclo del agua, cuya gestión es objeto de severas críticas desde diferentes sectores que apuntan al máximo responsable desde 2021, Samuel Reyes. La falta de previsión en la ejecución de las infraestructuras, unido a la descoordinación de sus responsables y la escasa autocrítica por las decisiones adoptadas en la última década, ha generado un descontento generalizado que se extiende a todos los sectores productivos de Cataluña.

El Gobierno catalán ha desvelado recientemente la memoria del anteproyecto de los presupuestos de 2024, que urge aprobar lo antes posible (pese a que carece de los apoyos suficientes), y en los que se evidencia la inacción de la ACA en los últimos años. Esta empresa pública acumula en su tesorería más 540 millones de euros desde 2020, consecuencia de la mínima inversión realizada, pese a sufrir Cataluña el peor episodio de sequía registrado hasta la fecha.

Todo ello pese a los lamentos del director de la ACA, Samuel Reyes, que achaca la falta de financiación y responsabiliza a la deuda que acarreaba la propia agencia desde 2008, que en 2019 quedó amortizada, para acreditar su posición. Así, en 2020, el primer año sin deuda, la agencia disponía de 430 millones y tan solo destinó 50 a la ejecución de inversiones públicas. Y en 2022, con 650 millones disponibles en su tesorería, solo se dedicaron 87 a infraestructuras.

En el momento de emplear los esfuerzos para hacer inversiones y minimizar el impacto de la falta de lluvia desde la Agencia Catalana del Agua se ahorró dinero y se perdió el tiempo. Es ahora cuando se está llevando a cabo la redacción de los proyectos de las desalinizadoras de Tordera II y Cubelles/Foix, cuyas obras están previstas que finalicen en 2028 y 2029, respectivamente, tal como anunció el consejero de Acción Climática, David Mascort.

El responsable de dicha consejería ha justificado la situación económica de la ACA durante un pleno monográfico sobre sequía y cambio climático porque las obras muy grandes, dice, no se ejecutan de un año para otro. Sobre el remanente de 540 millones porque todas las cantidades supuestamente están comprometidas. “El problema de fondo está en la falta de realización de inversiones programadas en el plan hidrológico de las cuencas catalanas 2009-2015, no es un problema de financiación, sino de gestión”, apunta el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) sobre este asunto.

Este documento, diseñado por el gobierno tripartito entre 2007 y 2008 tenía como propósito evitar los riesgos de futuros episodios de sequía como ya advertían los modelos climatológicos por entonces. En dicho plan estaban previstas la construcción de las desalinizadoras, pero la falta de gestión frenó por completo la materialización de estas obras que ahora verán la luz quince años después.

Falta de previsión y decisiones políticas por delante de las técnicas

Los embalses en Cataluña se sitúan ya por debajo del 15% de su capacidad, lo que ha producido la entrada en fase de emergencia en más de 200 municipios catalanes y una limitación del consumo de agua por habitante y día a 200 litros (incluido el gasto que hacen muchas empresas industriales en sus procesos productivos). Confiar en las lluvias para solucionar esta crisis climática que hace estragos en seis millones de ciudadanos tampoco ha convencido a los grupos parlamentarios que, de izquierda a derecha, llevan meses exigiendo liderazgo y gestión por parte de este organismo, además de expresar su preocupación por la ejecución del presupuesto de esta Agencia.

La relación entre la ACA y el Gobierno de Cataluña se ha enfriado en las últimas semanas y la gota que ha colmado el vaso ha sido la reunión mantenida entre el conseller Mascort con las asociaciones de agricultores, que han pedido el cese de Samuel Reyes y de su segundo, Jordi Molist, responsable del área de abastecimiento de la Agencia. Algo que ha sentado muy mal entre los trabajadores de la ACA, que denuncian una operación de señalamiento con la intención de presentarlos como responsables del recorte de las dotaciones de agua al regadío agrícola del 80%. Hasta el punto de que han convocado protestas para manifestar su rechazo al tratamiento que se les está dando por parte del Consejería porque se ven como cabeza de turco.

Las desavenencias entre Reyes y Mascort se materializaron con la opción del trasvase del Ebro, una alternativa que ha despertado el apoyo de cuatro colegios profesionales. La ACA, organismo de la Generalitat que gestiona las obras hidráulicas, el saneamiento de los ríos y la protección del medioambiente, ha puesto encima de la mesa esta propuesta, pero el Gobierno catalán ha despejado la idea a la primera de cambio. Los informes dicen que el agua embalsada en la cuenca del Ebro está en el 66% de su capacidad. “Desde la Consejería descartaron sin reflexión esta propuesta porque no es rentable a nivel electoral en vista de unas elecciones a la Generalitat”, considera Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de gobernanza y economía aplicada.

“Las decisiones políticas prevalecen sobre las técnicas en Cataluña, como se ha demostrado hasta la fecha, y el Gobierno autonómico prefiere gastarse cuatro veces más en traer agua desde Sagunto en barcos este verano que promover una infraestructura permanente con la que poder abastecer al Área Metropolitana de Barcelona, donde se concentra la mayoría de la población catalana”, añade Sánchez Lambás.

Incremento de un 40% del cánon del agua y multas a los ayuntamientos

La cifra de 540 millones de excedente que posee la ACA, exponente de la insuficiencia de gestión del organismo,  ha sido un duro golpe a la ciudadanía y al tejido empresarial catalán tras conocerse que la Generalitat incrementará el canon del agua hasta un 40% en la factura de los consumidores domésticos y no domésticos. Se trata de un impuesto de finalidad ecológica recaudado por la ACA y creado por la Generalitat en 2000 que se cierne sobre los consumidores. Este aumento, que contrasta con el excedente de sus cuentas, le permitirá a esta empresa pública ingresar más de 100 millones extras, es decir, un 26% más de lo que se obtenía hasta ahora por este tributo.

“La ciudadanía se pregunta dónde están las inversiones prometidas desde 2008, el último periodo de sequía que atravesó Cataluña, cuando se aprobaron infinitud de proyectos que quedaron encerrados en el cajón, y que ahora indirectamente pagarán los catalanes con el sobrecargo de la factura del agua”, concluye Sánchez Lambás.

Las fugas de agua de la inmensa mayoría de municipios del Área Metropolitana de Barcelona son un reflejo de la situación interna de la ACA, que, valga la metáfora, hace agua por todas partes. Su director, Samuel Reyes, ha dejado entrever en múltiples apariciones públicas la falta de liderazgo a la hora de tomar decisiones, por no hablar de la carencia de empatía hacia los ayuntamientos. Algunos municipios se oponen enérgicamente ante las sanciones por consumo excesivo de agua que provienen desde la ACA, que pueden ascender hasta los 30.000, por superar el límite estipulado en el Plan de sequía, un instrumento aprobado en 2020, y al que las modificaciones no tardaron en llegar previamente a la firma del decreto el 1 de febrero con la entrada en vigor de la fase de emergencia por sequía.

Desde la ACA ya eran conscientes previamente de que el 45% de las administraciones locales que se encuentran en el sistema Ter-Llobregat, es decir, 90 de los 202 pueblos, incumplirían de manera desorbitada con lo estipulado en el Plan de sequía. No obstante, las ayudas por parte de la ACA para hacer obras de mejora en las redes de abastecimiento de agua no se han materializado aún. Si bien la Agencia ha recibido más de 800 peticiones de más de 700 localidades desde que convocaron esta línea, han tenido que incrementar la subvención de los 50 a los 120 millones de euros.

Para paliar todo este despropósito, el Gobierno catalán pretende destinar 1.045 millones después de que todos los sectores productivos en Cataluña hayan mostrado su malestar hacia las restricciones impuestas. Los últimos, los agricultores, que han desafiado al consejero de Acción Climática con cortes en la AP-7, AP-2 y carreteras nacionales durante varios días.

Así las cosas, la Agencia Catalana del Agua se ha ganado adversarios en cada rincón de la región, y la desconfianza de la población por el planteamiento de la subida del impuesto del agua no ha tardado en llegar. A esto se une la incapacidad para gestionar las infraestructuras hidráulicas, que tendrá a buen seguro severas consecuencias en el corto plazo.

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